Con el voto de 68 asambleístas, la Asamblea Nacional se allanó a las 14 observaciones constantes en la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de este organismo. Dicha ley también promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsa y establece los mecanismos de control social, así como los procedimientos para la designación de las autoridades que le corresponde, de acuerdo con la Constitución. 
Esta normativa fortalece los principios de coordinación, complementariedad y trabajo articulado entre los diferentes organismos de la Función de Transparencia y Control Social, las demás funciones del Estado y el régimen autónomo.