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Crónica

Conjueces fallan a favor de la Unach

viernes, 29 de enero de 2010

JUDICIAL. El 13 de febrero del 2009, en plena elección del Consejo Universitario, inicia una larga historia de medición de fuerzas entre las autoridades de la Unach y un grupo de estudiantes.
El tribunal electoral en ese entonces, conformado por varios estudiantes, entre ellos Edison Melena, que resultó después implicado en el juicio impuesto por la Unach, decidió declarar nulas esas elecciones.
Ese organismo argumento que se llegaron a detectar y verificar varias anomalías en el desarrollo del proceso electoral y que, por tanto, se convocaría a nuevos comicios en el término que determinaban los estatutos.
Los integrantes del tribunal establecieron un plazo de 30 días, pero los miembros del Consejo Universitario de ese entonces (rector, vicerrector, decanos, sub-decanos), luego de varias reuniones, decidió proclamar como ganadores a quienes registraban el número mayoritario de votos, identificados con el movimiento político contrario a quienes integraban el tribunal electoral.
El desconocimiento de la resolución del organismo encargado de vigilar la realización de los comicios dio paso a un conflicto interno, con acusaciones y amenazas, que terminó en los tribunales de justicia.
Ante ello, el Consejo Universitario decidió sancionar a cuatro estudiantes, miembros del tribunal electoral, a quienes se les quitó sus derechos estudiantiles.
Los jóvenes, al sentirse perjudicados, interpusieron varias acciones de amparo en los tribunales de justicia.
Instaurados los procesos, las acciones propuestas por los cuatro estudiantes fueron acogidas, pero la Universidad Nacional de Chimborazo decidió apelar y presentar, a su vez, varias querellas por daños morales, injurias y otros cargos.
Estos procesos llegaron a su fin este 20 de enero, cuando los conjueces de la Sala de lo Civil, de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, resuelven a favor de la Unach los juicios planteados contra de los estudiantes Edison Melena y Gabriela Torres, en última y definitiva instancia.
Los casos de July Márquez y Diego Martínez están pendientes de resolución.
Como parte de esta historia, cabe recordar que dos de los cuatro estudiantes se encadenaron en la puerta principal de la Unach, en el mes de noviembre, sin que ello les haya servido de mucho.
Ramiro Salazar, abogado defensor de los estudiantes, calificó de engorroso e inconstitucional la actuación de los conjueces de la Sala de lo Civil.
Salazar argumentó: “la acción de protección es una acción de urgente e inmediata aplicación, para salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos que, en este caso, se trata de personas vulnerables, subordinadas y en desigualdad de condiciones ante los representantes de la Universidad”.
Hemos tenido que experimentar, como representantes jurídicos, una tardanza sorprendente, que hasta la fecha no se resuelven los casos de July Márquez y Diego Martínez, agregó.
Recordó que hace cuatro meses se presentó la apelación y los conjueces todavía no despachan las acciones de protección para los estudiantes, pero si lo hicieron respecto de la apelación que presentaron los representantes de la Unach.
Sostuvo que en los casos de Edison Melena y Gabriela Torres los fallos son totalmente contrarios, y la resolución se fundamenta en un asunto de simple legalidad.
Esta interpretación es absurda y atenta con la Constitución y los principios de aplicación de las acciones de protección que son inmediatas, insistió.
Además, dijo que la resolución de los tres conjueces (Daysi Mucarsel, Adolfo Murillo y Rodrigo Suárez) constituye un antecedente grave “para que estos casos se queden en la administración de justicia constitucional”.
“Acudiremos a la acción extraordinaria de protección, ante la Corte Constitucional, en Quito, pero sin descartar las opciones de acudir a instancias internacionales; sólo esperamos el fallo de July Márquez y Diego Martínez para proceder al otro trámite”, anunció Salazar. 06