La decisión responde, según la Presidencia de la República, al deber y responsabilidad que tiene el Estado de "propender al desarrollo planificado de la agricultura con riego, en áreas potencialmente regables, fomentar y promover la ampliación de infraestructura de riego, especialmente para pequeños y medianos agricultores".
También responde a la necesidad de "velar por la adecuada administración de las obras hidráulicas y de los recursos naturales renovables, actualmente desatendidos y en franco deterioro".
El Inar se encargará de dirigir, regular, evaluar y supervisar la gestión desconcentrada en los ámbitos de riego campesino-comunitario, estatal y privado; así como los aspectos relativos al drenaje, control de inundaciones y sequía.
Será responsable de impulsar mecanismos de conservación y protección de ecosistemas de almacenamiento de agua, de fomento, promoción y apoyo al subsector de riego por parte del Estado. Además, de promover la gestión y ejecución de programas de riego comunitario-campesino, micro