El jueves, en la Brigada Blindada Galápagos, aproximadamente a las 09:00, Juan Pablo Martínez, intendente de Policía, mantuvo una reunión con Luis Garzón, comandante. La razón de la cita era para confirmar el estado y potestad en el que se encuentran las autoridades civiles dentro del Estado de Emergencia.

Según Martínez y ante la reunión con la principal autoridad militar, las autoridades civiles, en este caso el Intendente, ha recibido el visto bueno para colaborar con la Policía y el Ejército. Gracias a esta iniciativa, era indispensable realizar una etapa de control a quienes incumplen con el "toque de queda" que determina el estado de emergencia.
"El incumplimiento se convierte en una contravención", señaló Martínez y, por lo tanto, quienes no lo respeten serán detenidos y puestos en manos de las autoridades competentes. Solamente cuando existan casos de atentado nacional, quienes fueran detenidos serán sancionados por las autoridades militares.
Además, se presentó la iniciativa de arrancar los operativos de control en los mercados para verificar si existe especulación. Se realizaron controles en el Mercado de Productores, en San Francisco y San Alfonso. "Recibí una comunicación de la Subsecretaría de Gobierno, en la que se señala que debo presentar un informe del control de precios de los productos de consumo masivo".
Si se verifica la existencia de exceso de precios, las autoridades procederán al decomiso de los productos, ya que éstos se regulan por una tabla referencial otorgada por el Ministerio de Agricultura. Edual.