PROTESTA. Se oponen a los cambios que la Asamblea Nacional Constituyente quiere hacer en la nueva estructura de los gobiernos intermedios.

Una movilización masiva de comunidades beneficiarias, autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores de los consejos provinciales del ecuador se cumplirá, el próximo jueves 5 de junio de 2008, en la ciudad de Quito.
La resolución fue adoptada por los dirigentes de la Asociación de Consejeros (ASOCOPE), Federación Nacional de Asociaciones de Empleados (FENACOPE) y la Federación Nacional de Obreros (FENOCOPRE) en asamblea ampliada desarrollada en la ciudad de Montecristi, Manabí.
Entre las resoluciones del cónclave realizado la semana pasada consta la declaratoria de personas no gratas a las provincias, de los 10 Asambleístas, que respaldaron la propuesta del primer vicepresidente, Fernando Cordero.
Los representantes gremiales, por unanimidad, declararon “personas no gratas” a los asambleístas: Tatiana Hidrovo y Humberto Guillen ( Manabí ); Fernando Cordero (Azuay ); Gerardo Nicola (Tungurahua); Antonio Lara ( Esmeraldas);  Eduardo Sánchez (Galápagos); José Picoita (Loja);  Rómulo Romo (Cañar) Jorge Sarango (Zamora) Franklin Puente (Morona Santiago); quienes respaldaron con su voto el articulado en la Mesa 4 de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias y constan en la información oficial publicada por la Asamblea Constituyente.
Durante la reunión se escucharon varias intervenciones que destacan la unidad monolítica de quienes integran los consejos provinciales, sirven en el marco de la eficiencia y eficacia a la comunidad.
“Nuestra fortaleza es la defensa de la institucionalidad porque somos parte fundamental de la historia de sus jurisdicciones como protagonistas de su desarrollo”, argumentó el presidente de FENACOPE, Sergio Sevilla.
Por su parte, el representante de los trabajadores, Byron Celi, señaló que los organismos seccionales representan el pilar fundamental de la democracia y del progreso. “En la geografía del territorio ecuatoriano palpamos la realidad angustiosa de los habitantes marginados del poder central y compartimos sus necesidades para esforzarnos en trabajar con empeño y dedicación por sus reivindicaciones”, señaló.
En el marco de la evaluación del trámite constituyente se vislumbró la intención de la mayoría de asambleístas de promover un proceso de desaparición súbita de los consejos provinciales, al conformar su órgano legislativo y fiscalizador con dignatarios elegidos para una sola función, no pueden convertirse en Alcaldes (ejecutivo) y Consejeros (legisladores). El mandato del pueblo tiene que respetarse cuando otorga su confianza sustentada en el marco constitucional y legal.
Los dirigentes hicieron hincapié en que si existen en el Ecuador instituciones debilitadas, configurará una ingobernabilidad que afectará a los sectores donde está presente la obra pública y de impacto social, especialmente en los sectores rurales. “esta es una lucha por la defensa de la vida y no por cargo o función pública”, subrayó Sergio Sevilla.11