PROCESO. Existen limitantes de tipo político para el desembolso del dinero para el retiro de los explosivos. Según los directivos de la comunidad, el informe de Contraloría esta fuera de la realidad.

Alrededor de 20 mil dólares se necesitaría para la primera fase de los trabajos con los que se retirar los explosivos de la parroquia Sarayacu, ubicados hace algunos años en por una empresa petrolera que solo realizo trabajos de exploración en esta zona.

Para el retiro de la pentolita (explosivos) los dirigentes de esta comunidad, a la que se llega únicamente por vía fluvial y aérea, firmaron un convenio con el Ministerio de Energía y Minas.

De acuerdo a lo manifestado por Franco Viteri, coordinador del equipo jurídico de Sarayacu, que tiene algunas limitantes, por lo que se ha hecho necesario emplear otros recursos para factibilizar el seguimiento de la operación.

´ Existe una limitante de carácter político y también de voluntad de parte de la Procuraduría General del Estado, que ha remitido ciertos informes negativos, al decir que se ha cumplido el 40 % de la operación ´ preciso Viteri ´ El hecho de que se haya firmado el convenio no significa que se haya cumplido el porcentaje que ellos manifiestan ´ añadió.

Además, indicó que si bien es cierto se han realizado trabajos preliminares como, la apertura de trochas, la construcción del helipuerto, preparación de campamentos y otras, actividades que no son precisamente el retiro de la pentolita.

‘Lo que nosotros estamos reclamando es que el estado de un presupuesto exclusivo para este tema, que permita evitar todos los percances en transacciones económicas’, manifestó Viteri.

Luego de algunos viajes realizados por técnicos del Ministerio de Energía y Minas y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), contratados para esta operación, ya se han determinado las trochas en donde existe el explosivo.

Viteri, dejó en claro que por parte del Ministerio la colaboración ha sido buena la colaboración. Muestra de aquello el ministerio ya designo una persona que esta llevando adelante el proceso.

También agregó que todo informe que emita la contraloría debe tener el consenso del Ministerio de Energía y Minas, el GIR, Procuraduría y Sarayacu, pues no se deben informar cosas que no se han realizado.