QUITO, (EFE). La incautación de empresas del poderoso grupo Isaías de Ecuador, vinculado el cerrado banco Filanbanco, que estuvo envuelto en la peor crisis financiera de este país andino, ha despertado temores y esperanzas entre distintos sectores del país.

El pasado martes, la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se incautó de 195 empresas del grupo Isaías, entre las que figuraban varios medios de comunicación, incluidos los canales de televisión TC-Televisión, Gamavisión y Cable Noticias (CN3).
La AGD busca recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató entre 1998 y 1999, considerada como la peor de la historia y que costó más 8.000 millones de dólares.
Esa agencia mantiene un juicio por supuesta malversación del dinero entregado por el Estado a Filanbanco, cuyos propietarios eran los hermanos Roberto y William Isaías, a quienes Ecuador solicitó en extradición desde Estados Unidos para que se sometan a la justicia.
Las pérdidas de esa empresa, según la Junta Bancaria, ascienden a 661 millones de dólares.
Para el sociólogo Gaitán Villavicencio, la incautación busca demostrar que al Gobierno no le “tiembla la mano”, mientras que la oposición teme manipulaciones en favor del “Sí” en la campaña para el referendo sobre el nuevo texto de la Carta Magna, aún en redacción.
El analista Xavier Flores opinó que la ciudadanía y las organizaciones sociales percibe la incautación como una “acción de venganza y de justicia”.
En contraste, la Confederación Nacional del Seguro Campesino señaló que la decisión de la AGD “no es una incautación, sino una recuperación de bienes que estaban indebidamente apropiadas por los hermanos Isaías, luego del asalto bancario que perpetraron hace diez años”.
Para la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco, con la incautación renace la “esperanza” para más de 60.000 ahorradores perjudicados por ese banco.
Los intentos de la AGD y del propio jefe de Estado, Rafael Correa, por desvincular las incautaciones con una posible coartación de la libertad de expresión no han calado en algunos gremios periodísticos, que temen una manipulación en los informativos.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos dijo que el Gobierno tiene la “obligación moral y legal” de garantizar la plena vigencia de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, “que podrían afectarse si se manipula el contenido noticioso, analítico y de opinión de esos medios”.
Otros gremios periodísticos creen que la incautación de empresas, entre ellas medios de comunicación, es un “tema estrictamente financiero y nada tiene que ver con la libertad de expresión”.
Aunque el Gobierno asegura que no le interesa mantener bajo su administración los bienes incautados y que, de no haber impedimento, los venderá lo más pronto posible, el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, defendió hoy el derecho del Ejecutivo a intentar comprar algún medio si estuviese interesado.