Respecto al rubro que cancelarán de hoy en adelante por el uso del anfiteatro del Cementerio de Riobamba, el Fiscal de Chimborazo aclaró que todas y cada una de las diligencias que se ordenen en cualquier investigación dentro de la Fiscalía, son gratuitas y no tiene costo alguno.
Carlos Cabrera, fiscal de Chimborazo, puntualizó que la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), categóricamente establecen que los servicios de la administración de justicia serán gratuitos; por lo tanto, indicó que todas y cada una de las diligencias que se ordenen en cualquier investigación dentro de la Fiscalía, son gratuitas.
Respecto a la Ordenanza en vigencia sobre la Administración y Funcionamiento de los Cementerios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, que estipula el alza por concepto de arrendamiento y mantenimiento de los espacios en el cementerio, al igual que el cobro por concepto de uso del anfiteatro; Cabrera mencionó que el pasado 4 de enero fue notificado a través de un oficio remitido por la administración del Cementerio de Riobamba, sobre la existencia de una ordenanza donde se establece el pago de 13.91 dólares por el uso del anfiteatro.
“Por violentar el principio constitucional de la gratuidad de la administración pública en cuanto a la justicia, Fiscalía no está de acuerdo con ese particular. Hemos hecho conocer nuestro punto de vista a los personeros de GADM de Riobamba y después de una reunión, ratificaron que el anfiteatro queda a disposición de la Fiscalía y que no se realizará cobro alguno por el ingreso de los cadáveres para practicar las necropsias; es decir, no se cobrará el uso del anfiteatro”.
Garantías. Cabrera indicó que en la época del alcalde Fernando Guerrero, se realizó una remodelación de las instalaciones del anfiteatro; sin embargo, todo tiene su vida útil: “Es cierto que no es una morgue de primera, pero contamos con un lugar donde podemos cumplir con nuestras obligaciones”.
Aclaración. Recalcó que los únicos funcionarios que no son servidores públicos, son los disertores: “son peritos empíricos particulares aprobados por el Consejo de la Judicatura, y ellos sí, por ese trabajo que realizan cobran, tienen la obligación de emitir factura a los familiares de quienes hayan utilizado este servicio”. (12)
