Permisividad

Latinobarómetro 2016, que mide la corrupción en  América Latina,  consultó si “se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción en el gobierno siempre que se solucionen los problemas del país”. Los resultados de este sondeo continental fueron sorprendentes. Más de la mitad de la población de países como República Dominicana (65%), Nicaragua (59%), Honduras (56%) y Panamá (52%), respondió que no le importa, siempre que se haga obra.  Según estas estadísticas, al Ecuador (47 %) tampoco le importa. También el 17% de los chilenos acepta este terrible punto de vista.
Si se aceptase este sombrío criterio, en  el caso del Municipio de Guayaquil que, dentro del presupuesto  del 2016 se destinaron 634 millones para obras y servicios públicos, si la corrupción se llevase solo el 10 %, significaría que 63 millones irían a parar a los bolsillos de los corruptos. Y en el caso del municipio de Chambo que en el 2016 manejó un presupuesto de 4 millones, la “mordida” como dicen los mejicanos,  sería de 400 mil. ¿Esto explicaría, en alguna medida, la  lucha, el empeño para llegar a los puestos de decisión política para servir al pueblo?
Esta permisividad  de la población frente a esta lacra social entronizada en nuestros países con gobiernos de izquierda o derecha,  tiene efectos devastadores en la moral pública,  en la conciencia ciudadana, en los valores, en  la educación y formación de las nuevas generaciones,  en la lucha contra la pobreza, en los sistemas democráticos, en la defensa y respeto de los derechos humanos fundamentales.
En las  próximas elecciones, el voto  abre un espacio democrático para la participación de todos los ciudadanos para combatir, frenar, atenuar, disminuir en algo, posiblemente nunca eliminar,  este fenómeno de descomposición social a nivel mundial. La humanidad está marcada con este ADN. (O)

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