DEBATE
El primer debate entre los candidatos a la Vicepresidencia de Ecuador para las elecciones de febrero de 2025 se celebró el 12 de enero, con algunos retrasos y problemas técnicos. De los 16 candidatos, 14 participaron, destacando las ausencias de María José Pinto (Acción Democrática Nacional) y Galo Moncayo (Partido Sociedad Patriótica). La discusión se organizó en dos bloques, abordando tres ejes temáticos: Funciones de la Vicepresidencia, Seguridad y Economía y Desarrollo. Cada candidato tuvo tiempo limitado para responder y participar en interpelaciones.
Carla Larrea, de Construye, destacó la creación de empleo y la reactivación económica mediante la inversión privada, así como un plan de seguridad conjunto con Estados Unidos. Cristina Reyes, de Amigo, se comprometió a ser la voz de las mujeres y reducir el IVA en sectores afectados por la pandemia, mientras que Katiuska Molina, de Pachakutik, habló sobre la represión del crimen y la evasión fiscal.
Verónica Silva, del Partido Socialista, propuso descentralizar la Vicepresidencia y reducir el IVA, mientras que Karla Rosero, de Avanza, centró su discurso en la lucha contra las economías ilícitas.
Blanca Sacancela, de CREO, propuso depurar el sistema de contratación pública y crear empleos en el sector rural, mientras que Ma Luisa Coello, de Democracia Sí, planteó un gobierno con perspectiva de género y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Lucía Vallecilla, de Centro Democrático, sugirió medidas para reforzar la seguridad y la jubilación digna, y Alejandra Rivas, de Izquierda Democrática, destacó la necesidad de crear una agencia autónoma de contrainteligencia. Inés Díaz, de SUMA, abordó las brechas en seguridad, empleo y educación.
Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano, propuso mejoras en educación y mano dura contra la delincuencia, mientras que Pacha Terán, de Unidad Popular, se centró en la competitividad del sector productivo y el fortalecimiento de la infraestructura pública.
Diego Borja, de Revolución Ciudadana, habló sobre reactivar la economía y mejorar la seguridad mediante el uso de inteligencia y tecnología. Finalmente, Cristina Carrera, de PID, abogó por la seguridad como prioridad nacional, con el uso de tecnología avanzada y programas para impulsar la economía mediante asociaciones de jóvenes profesionales
