POLÍTICA
El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una propuesta legal que busca regular las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país, con el objetivo de prevenir y neutralizar amenazas a la seguridad del Estado.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, subrayó que la normativa permitirá la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y sus respectivos subsistemas especializados: policial, militar, tributario y penitenciario. Además, destacó que se implementarán mecanismos de control que aseguren un uso adecuado de los recursos destinados a estas operaciones.
“La seguridad es un derecho constitucional. Esta ley fortalecerá la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, siempre bajo estándares internacionales que protejan los derechos ciudadanos”, manifestó Alarcón.
Durante la sesión, varios legisladores hicieron aportes y observaciones. Gerardo Machado y Jhajaira Urresta coincidieron en la necesidad de que toda operación de inteligencia cuente con autorización judicial, a fin de evitar abusos de poder. En ese mismo sentido, el legislador Alfredo Serrano propuso que quien lidere el Sistema Nacional de Inteligencia cuente con formación y experiencia verificable en temas de seguridad.
Por su parte, las asambleístas Karolina Dueñas y Camila Cueva hicieron énfasis en la protección de los agentes que enfrentan al crimen organizado. Cueva recomendó que la Dirección General de Registro Civil sea la entidad encargada de garantizar identidades protegidas para los servidores que operan bajo riesgo, salvaguardando así sus vidas y las de sus familias.
Al finalizar el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, dispuso el retorno del proyecto a la Comisión de Seguridad Integral, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para incorporar las observaciones presentadas y preparar el texto definitivo para su votación.
