POLÍTICA
La Asamblea Nacional aprobó con 78 votos a favor, la Ley de Transparencia Social, una normativa que genera preocupación entre organizaciones y colectivos sociales. Desde Chimborazo, las legisladoras Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta del Parlamento, y Patricia Núñez manifestaron su rechazo, advirtiendo posibles vulneraciones a derechos colectivos.
La nueva ley establece que fundaciones, colectivos y organizaciones deberán inscribirse en un registro oficial en un plazo máximo de 180 días. Aunque el texto final excluye a las Juntas de Agua, cabildos comunitarios y organizaciones de primer y segundo grado, las asambleístas señalaron que la normativa plantea riesgos sobre la libertad de asociación, un derecho garantizado en la Constitución.
Tiupul reconoció la necesidad de un control frente a flujos irregulares de financiamiento, pero rechazó la propuesta enviada por el Ejecutivo. “No todas las organizaciones sociales ni comunitarias han estado vinculadas a actos negativos; no se puede poner a todas en un mismo grupo”, afirmó. La legisladora destacó que, en sectores rurales, muchas de estas entidades han suplido la ausencia del Estado en servicios básicos.
En esa línea, Núñez sostuvo que la ley impondrá restricciones a fundaciones y colectivos que cumplen funciones esenciales en áreas como salud, educación y cultura. “Si realmente se quiere controlar dineros mal habidos, deben fortalecerse instituciones como la UAF o los sistemas de inteligencia, no limitar a organizaciones que apoyan a la ciudadanía”, enfatizó.
Ambas legisladoras coincidieron en que la normativa podría convertirse en un mecanismo de control político sobre organizaciones sociales que reclaman derechos. Núñez incluso advirtió sobre denuncias de presunta infiltración policial en espacios legislativos y comunitarios.
Tiupul, por su parte, subrayó la importancia de diferenciar entre organizaciones legítimas y aquellas que operan con recursos irregulares. “Necesitamos un control fuerte y estricto, pero sin criminalizar a los sectores sociales que cumplen un rol fundamental en el desarrollo del país”, puntualizó.
A pesar de las críticas y votos en contra de las asambleístas de Chimborazo, la Ley de Transparencia Social fue aprobada en el pleno y entrará en vigencia en los próximos meses.
