ECONOMÍA
El retraso en los pagos del Gobierno central sigue acumulando tensiones en todo el país. Hasta agosto de 2025, los compromisos pendientes superan los USD 1.500 millones, afectando directamente a sectores clave como la salud, la educación y el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
La falta de liquidez estatal ha generado una cadena de problemas: hospitales con dificultades para abastecerse de insumos, docentes que denuncian demoras en el pago de incentivos y municipios que paralizan proyectos por falta de recursos.
La situación ha despertado preocupación en alcaldes y prefectos, quienes advierten que, de mantenerse el atraso, los servicios básicos y las obras en comunidades quedarán en riesgo.
El Gobierno, por su parte, reconoce la deuda, pero asegura que trabaja en un plan de pago condicionado al flujo de ingresos petroleros y tributarios. Sin embargo, la incertidumbre crece en un contexto marcado por las restricciones fiscales y la presión social.
Más allá de las cifras, lo que está en juego es la estabilidad de áreas sensibles para la ciudadanía. Cada retraso en los pagos repercute en la atención médica, en la continuidad de la educación y en la ejecución de obras locales.
