CONFLICTO
Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, varios grupos guerrilleros que rechazaron formaron lo que hoy conocemos como las disidencias.

Estos grupos, como sus predecesores, se han involucrado en el narcotráfico y la minería ilegal, expandiendo su influencia más allá de la frontera, afectando la seguridad y estabilidad de Ecuador. La reciente escalada de violencia, que culminó con el asesinato de 11 militares ecuatorianos en mayo de 2025, demuestra cómo estas organizaciones han consolidado su poder en territorio ecuatoriano.
La incursión de las disidencias de las FARC en Ecuador no fue un hecho aislado. En 2018, tras el atentado con coche bomba en San Lorenzo, Esmeraldas, y el asesinato de tres marinos ecuatorianos en la misma provincia, las autoridades ecuatorianas comenzaron a reconocer la amenaza creciente en la frontera.
El Frente Oliver Sinisterra, liderado por el colombiano Walter Arízala, alias ‘Guacho’, fue el primer grupo en desafiar al Estado ecuatoriano. Aunque ‘Guacho’ fue abatido en 2018, su legado de violencia y su involucramiento en el narcotráfico y la minería ilegal marcaron el comienzo de un prolongado conflicto en la zona fronteriza.
A medida que la violencia se expandía por las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, las disidencias guerrilleras comenzaron a diversificar sus fuentes de ingresos. El narcotráfico, aunque rentable, ya no era suficiente.
La minería ilegal, especialmente en las regiones amazónicas de Ecuador, emergió como una nueva fuente de financiamiento. Los Comandos de la Frontera (CDF), liderados por el exguerrillero ‘Araña’, comenzaron a tomar control de las zonas mineras en Orellana, desplazándose hacia el interior del país en busca de mayores ganancias.
El asesinato de 11 militares en mayo de 2025, durante un operativo contra la minería ilegal, fue un punto crítico que puso en evidencia la creciente presencia de las disidencias más allá de la zona fronteriza.
El gobierno ecuatoriano, con el respaldo de Colombia, ha intensificado sus operativos en un intento por frenar la expansión de las disidencias guerrilleras. A pesar de algunos logros significativos, como la captura de importantes cabecillas de los CDF y el debilitamiento de ciertos frentes, la amenaza persiste.
La estrategia del gobierno ecuatoriano se ha centrado en desmantelar las redes logísticas de estas organizaciones, especialmente en lo que respecta al narcotráfico y la minería ilegal.
Sin embargo, el desafío sigue siendo monumental, ya que estos grupos armados continúan encontrando nuevas fuentes de financiación, principal ente a través de actividades ilícitas que siguen alimentando la violencia y la inestabilidad en el país.