POLÍTICA
El Ministerio de Ambiente y Energía notificó el 19 de agosto a la Corte Constitucional (CC) sobre la terminación del convenio de cooperación que le permitía utilizar el edificio Tamagar, ubicado en el centro norte de Quito.
La notificación, dirigida al presidente de la CC, Jhoel Escudero, establecía un plazo de un mes para el desalojo y liberación del inmueble.
La decisión se basó en los decretos 60 y 94 emitidos por el presidente Daniel Noboa, que establecen la fusión de los ministerios de Energía y Ambiente. Esta reestructuración busca centralizar las unidades técnicas, operativas y administrativas para una gestión más eficiente. Como resultado, el edificio Tamagar se destinaría a personal vinculado a proyectos de inversión.
Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio de Ambiente y Energía envió un nuevo oficio a la Corte Constitucional indicando que la disposición de desalojo quedaba sin efecto. La razón de esta suspensión no ha sido aclarada públicamente.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. El 12 de agosto, el Gobierno convocó una marcha en contra de la CC, lo que generó un fuerte resguardo militar y policial en sus instalaciones. Además, el presidente Noboa ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones del organismo judicial.
La situación ha generado preocupación en diversos sectores sobre la independencia judicial y el respeto a las instituciones en Ecuador.
