PROCESADOS
Siete personas fueron procesadas en Riobamba, tras un operativo que expuso una presunta red de captación ilegal de dinero, que habría afectado a más de 464 familias en Chimborazo. Aunque la Fiscalía pidió prisión preventiva, el juez de Garantías Penales dictó medidas cautelares no privativas de libertad, mientras avanza una investigación que revela uno de los esquemas financieros más graves de los últimos años en la provincia.
Pese a que la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva argumentando riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso, el magistrado resolvió ordenar la prohibición de salida del país y la presentación periódica de los procesados ante la autoridad competente.
Los cargos fueron presentados contra Daniel S., Sabrina M., César L., Pablo C., José L. T., Javier B. y Byron M., quienes habrían constituido una estructura operativa dedicada a captar recursos económicos de manera irregular mediante la empresa “SAALDA S. A.”, sin contar con la autorización correspondiente por parte de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Según explicó la fiscal titular del caso durante la audiencia de formulación de cargos, la mencionada empresa ofrecía a sus clientes productos de “inversión” en bolsa, trading y operaciones en mercados digitales, con promesas de rentabilidad que oscilaban entre el 12 % y el 200 % mensual.
Estas cifras, que escapan a cualquier parámetro razonable del mercado, habrían sido el anzuelo para captar el capital de al menos 464 familias, muchas de las cuales entregaron sus ahorros personales, fondos de jubilación e incluso préstamos para participar en lo que creían era una inversión segura.
Las víctimas fueron contactadas a través de redes sociales, charlas motivacionales y plataformas tecnológicas que aparentaban legitimidad. “Nos presentaron simuladores, rendimientos virtuales, supuestas alianzas internacionales… Era toda una fachada bien montada”, aseguró una de las personas perjudicadas que ya rindió su testimonio ante la Fiscalía.
La investigación, que se encontraba en marcha desde hace varias semanas, culminó con la ejecución de un operativo la madrugada del 6 de junio. Bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado y el apoyo de la Policía Nacional, se realizaron ocho allanamientos simultáneos en los cantones de Riobamba y Guano, logrando la aprehensión de los siete sospechosos.
Durante las intervenciones, los agentes incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles, documentos de respaldo, bases de datos de inversionistas, contratos y registros contables, entre otros indicios relevantes para el desarrollo del proceso penal. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el cual se continuará el análisis de la evidencia y se buscará establecer con precisión el número de afectados y el total del perjuicio económico.
El delito por el cual se formuló cargos está tipificado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la captación ilegal de dinero con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. Este caso pone en relieve un fenómeno creciente en Ecuador: la proliferación de supuestos negocios de inversión que operan al margen de la ley, captando recursos del público sin control estatal.
La Superintendencia de Bancos ha reiterado que ninguna persona natural ni jurídica puede ofrecer productos financieros ni captar fondos sin la debida autorización, e hizo un llamado a la ciudadanía a informarse antes de entregar sus recursos. Las autoridades también investigan posibles vínculos con delitos conexos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, considerando el volumen de dinero movilizado y la utilización de cuentas personales para las transacciones.
