SENTENCIA
Cincuenta y tres meses tras las rejas. Ese fue el destino que selló la justicia para Douglas Q., un ciudadano que creyó que un cuchillo y un poco de amenaza bastaban para salirse con la suya. El precio: casi cinco años de prisión, una multa considerable y una mancha imborrable en su historial judicial.
La historia, aunque breve en ejecución, dejó una marca en la mañana del 16 de enero de 2025. En el norte de Riobamba, Douglas interceptó a un transeúnte que caminaba tranquilamente por la vía pública. Con un cuchillo en mano y palabras amenazantes, le exigió que entregara su teléfono celular.
El robo duró apenas segundos. Pero fue suficiente para cambiar el rumbo de dos vidas: la del asaltado, que quedó con el susto y la impotencia; y la del asaltante, que no tardaría en caer. Lo que Douglas no previó fue la reacción inmediata de la víctima, quien con temple y precisión avisó a la Policía y proporcionó detalles clave sobre su agresor: estatura, vestimenta y dirección de huida.
Esa información permitió que los agentes de la Policía Nacional activaran un operativo, minutos después, el sospechoso fue localizado, aún con el cuchillo y el celular sustraído entre sus pertenencias. La captura en delito flagrante facilitó el proceso judicial. No hubo escapatoria. Durante la audiencia de procedimiento abreviado, celebrada el 10 de abril, Douglas Q. aceptó su responsabilidad.
La Fiscalía, por su parte, presentó un conjunto sólido de pruebas: testimonios de los policías que lo detuvieron, el informe técnico del lugar del robo, la declaración del afectado quien lo identificó sin dudar y, por supuesto, las evidencias materiales del delito.
La sentencia fue clara, 53 meses de prisión por robo agravado con arma blanca, además de una multa equivalente a 17 salarios básicos unificados y el pago de 500 dólares como reparación integral a la víctima. La pena fue reducida por el procedimiento abreviado, contemplado en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite una sentencia más corta cuando el acusado admite los hechos.
El caso fue procesado bajo el artículo 189 del COIP, que castiga con entre cinco y siete años de prisión a quienes cometen robos empleando armas blancas, de fuego o similares. En este caso, la admisión de culpa no borró el delito, pero sí ajustó el tiempo que pasará en prisión.
