JUICIO
El 17 de marzo, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Colta dictó el auto de llamamiento a juicio contra Yandri Ignacio Q. C., procesado por el presunto delito de tráfico de drogas a gran escala.
Esta decisión representa un paso crucial en el proceso judicial para desmantelar una de las principales rutas de narcotráfico del país, ubicada en la estratégica provincia de Chimborazo, un punto clave en el tráfico de sustancias ilícitas.
El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2024, en una operación de alto riesgo en las carreteras de Chimborazo, agentes de la Jefatura de Investigación Antidrogas sorprendieron a un hombre que, según las autoridades, transportaba una gran carga de cocaína. En el interior de un camión, oculto entre bultos de maíz, encontraron 600 kilos de cocaína, listos para ser distribuidos desde la región amazónica hacia las grandes ciudades del país.
Este operativo se suma a la creciente ola de interceptaciones de narcóticos en Ecuador, un país de tránsito clave en el mercado internacional de drogas. Sin embargo, el caso de Yandri Ignacio Q. C., el conductor detenido, se destaca no solo por la magnitud del cargamento, sino también por el impacto que tendrá en su futuro y en la lucha contra el narcotráfico en el país.
El proceso judicial contra Yandri Ignacio comenzó con su aprehensión el año pasado. Tras la captura, la Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio por el delito de tráfico de sustancias ilícitas a gran escala. En su audiencia preparatoria de juicio, realizada el 11 de marzo de 2025, el Fiscal detalló las pruebas que incriminan al procesado: desde la droga misma, hasta los informes de aprehensión y verificación, sumando detalles cruciales en su contra.
El juicio que se avecina podría ser un hito en la lucha contra el narcotráfico, no solo por el volumen de la droga involucrada, sino también por las implicaciones que este tipo de operaciones tiene en la seguridad y el bienestar social.
Con la prisión preventiva ratificada, Yandri Ignacio enfrentará una pena que podría superar los 20 años de cárcel, según lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
