El vocal del Gobierno Parroquial de Montalvo, Franklin Castillo, solicitó públicamente a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Pastaza que actúen con urgencia ante una denuncia por supuesto peculado que involucra al presidente del GAD parroquial, Édison Gualinga Wisuma, y a la extesorera Jessica Nachimba Conde.
Durante una entrevista concedida a Radio MIA, Castillo detalló que los fondos presuntamente malversados ascienden a 305.000 dólares, transferidos entre 2023 y 2024 a una cuenta personal de Nachimba. Según explicó, el presidente del GAD habría entregado el “token” bancario a la extesorera debido a sus ocupaciones personales, lo que permitió la ejecución de los depósitos sin supervisión directa.
Las denuncias formales fueron presentadas por los vocales en enero y marzo de este año, pero, según Castillo, la respuesta de la Fiscalía ha sido insatisfactoria y ambigua. “Nos preocupa la lentitud en la Fiscalía. Nos enviaron un documento sin fecha clara, sin siquiera especificar el mes”, expresó el vocal, quien cuenta con experiencia previa como concejal y vicealcalde de Pastaza.
En contraste, Castillo reconoció que la próxima auditoría de la Contraloría, prevista para junio, brinda cierta tranquilidad a los denunciantes, aunque insistió en que el proceso judicial también debe avanzar.
Los fondos presuntamente desviados habrían sido utilizados como adelantos de sueldos, sin respetar el marco legal y financiero vigente. Por ello, Castillo reiteró que tanto el presidente del GAD como la extesorera serían responsables directos del supuesto peculado.
El vocal también cuestionó la aparente falta de asesoría legal, recordando que Édison Gualinga, en su calidad de presidente de Conagopare, contaba con el abogado José Nango —hoy asambleísta— como asesor. “Es extraño que no haya recibido orientación en un tema de esta magnitud”, comentó.
Finalmente, Castillo lamentó que casos similares de corrupción sigan afectando a gobiernos locales, citando como ejemplos el enjuiciamiento del exalcalde de Taisha, Sergio Ayuy, por enriquecimiento ilícito, y la condena a 10 años de cárcel por peculado del exalcalde de Arajuno, Elario Tanguila.
“Es momento de garantizar una gestión transparente de los recursos públicos, especialmente en territorios históricamente golpeados por la corrupción”, concluyó.
