POLÍTICA
El debate sobre la equidad de género en la política ecuatoriana se reavivó tras la reciente aprobación de reformas al Código de la Democracia, que modifican disposiciones clave sobre la conformación de binomios presidenciales.
Aunque la normativa fue respaldada por las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC), diversas voces incluyendo sectores del correísmo ahora solicitan al presidente Daniel Noboa que objete parcialmente el texto
El punto más polémico gira en torno a la eliminación del numeral 9 del artículo 99, que establecía como obligatorio que los binomios presidenciales estuvieran conformados por una mujer y un hombre, o viceversa.
En su lugar, se introdujo una disposición enfocada en alianzas políticas y el cálculo del porcentaje de participación femenina en listas, lo que, según colectivos feministas, representa un retroceso en derechos políticos adquiridos.
El cambio fue aprobado el 20 de junio de 2025 con 125 votos favorables de ADN, RC y legisladores independientes. Sin embargo, la presidenta de RC, Luisa González, ha salido públicamente a exigir el veto presidencial, recordando que fue su movimiento el que impulsó la participación igualitaria y la inclusión de mujeres y jóvenes en procesos electorales. “Nos oponemos a esta violación a los derechos de las mujeres. El binomio siempre debe estar conformado por mujeres. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que elimine ese artículo”, señaló.
Desde la sociedad civil, organizaciones como la Coalición Nacional por las Mujeres del Ecuador consideran que la modificación debilita los mecanismos reales de participación femenina. “Esto es un maquillaje político. Estamos ante una democracia mutilada”, manifestó Anabel Guerrero, activista del Centro de Justicia y Género.
A su vez, Paquita Morejón, integrante del mismo colectivo, argumentó que este cambio contraviene el principio de no regresividad de derechos consagrado en la Constitución, por lo que el veto presidencial no solo sería legítimo, sino necesario.
El oficialismo, por su parte, sostiene que la representación paritaria se mantiene vigente tanto en la Constitución como en otros artículos del Código electoral, y que cualquier ambigüedad será corregida mediante un veto parcial por parte del presidente Noboa, quien tiene un plazo de 30 días desde la notificación del proyecto para pronunciarse.
Cabe recordar que la obligatoriedad de conformar binomios paritarios fue establecida en 2020 como una acción afirmativa progresiva, aplicada por primera vez en las elecciones anticipadas de 2023. No obstante, para los comicios presidenciales de 2025, solo dos mujeres encabezaron candidaturas: Luisa González (RC) y Andrea González Nader (PSP), lo que demuestra que la brecha de género aún persiste.
La reforma se aprobó con anticipación a las elecciones seccionales de 2027, ya que la Carta Magna prohíbe modificar leyes electorales en el año previo a una jornada electoral.
El debate ahora se traslada al Ejecutivo, donde se espera que el presidente actúe como colegislador y aclare, mediante el veto, si la paridad de género se mantendrá como un principio obligatorio en la contienda presidencial.
