ELECCIONES
De cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 9 de febrero de 2025, el Código de la Democracia establece reglas estrictas para los candidatos, aunque no siempre se cumplen. Una de las principales disposiciones es la prohibición de entregar dádivas, regalos o donaciones a los ciudadanos, salvo ciertos artículos promocionales autorizados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) regula los artículos que pueden ser distribuidos durante la campaña electoral. Entre los permitidos se incluyen banderas, camisetas, volantes, esferos y pulseras. Sin embargo, cualquier entrega fuera de estos parámetros constituye una infracción electoral grave.
Si un candidato incumple estas disposiciones, el CNE no tiene facultades para actuar de oficio. Es necesario que una denuncia sea presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el organismo encargado de procesar las infracciones. Las sanciones pueden incluir la destitución del cargo, suspensión de derechos políticos entre seis meses y dos años, y otras penalidades.
Además de la entrega de dádivas, el Código de la Democracia prohíbe:
1. Uso de recursos públicos: Los candidatos que ejerzan funciones públicas no pueden utilizar bienes o fondos estatales en sus campañas.
2. Participación en eventos oficiales: Los funcionarios que sean candidatos no pueden asistir a inauguraciones de obras o eventos financiados con recursos públicos desde el momento de su inscripción.
3.Publicidad institucional: Durante la campaña está prohibida la difusión de publicidad de instituciones públicas, salvo en casos excepcionales como emergencias, cierres de vías, campañas de vacunación o salud pública, entre otros de relevancia nacional. La organización de eventos con artistas internacionales por parte de instituciones públicas también queda restringida durante el periodo electoral.
Estas regulaciones buscan garantizar una competencia electoral equitativa, aunque la falta de denuncias y sanciones efectivas muchas veces dificulta su cumplimiento. La participación ciudadana en la denuncia de irregularidades es clave para mantener la transparencia del proceso democrático.
