Seguridad
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra siete ciudadanos el 10 de junio de 2025 en Riobamba por su presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero.
Los procesados, identificados como Daniel S., Sabrina M., César L., Pablo C., José Luis T., Javier B. y Byron M., habrían recaudado aproximadamente 2’411.831 dólares sin autorización legal, a través de la empresa “SAALDA S. A.”
Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez de turno dictó medidas cautelares menos gravosas, disponiendo la prohibición de salida del país y la presentación periódica de los procesados ante la autoridad competente. La decisión judicial se dio tras considerar los elementos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos.
Según la fiscal del caso, titular de la Unidad de Patrimonio Ciudadano N.° 1, los implicados formarían parte de una presunta estructura criminal que operaba sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A través de “SAALDA S. A.” habrían ofrecido servicios de inversión en la bolsa, trading y operaciones en plataformas digitales con promesas de rendimientos mensuales entre el 12 % y el 200 %.
Las investigaciones revelan que más de 464 familias habrían sido víctimas de este esquema, entregando diferentes montos de dinero con la expectativa de obtener ganancias rápidas. La Fiscalía presume que se trató de un mecanismo de captación ilícita, disfrazado de inversiones financieras de corto plazo.
Los implicados fueron detenidos el pasado 6 de junio durante ocho allanamientos simultáneos en Riobamba y Guano, ejecutados con el apoyo de la Policía Nacional. Durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentación relacionada con los inversionistas y otros indicios que serán utilizados en la fase de instrucción fiscal.
La etapa de instrucción se extenderá por 90 días, durante los cuales se profundizarán las diligencias investigativas. El delito de captación ilegal de dinero está tipificado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y contempla penas privativas de libertad de cinco a siete años.
