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martes, febrero 18, 2025

11% de candidatos a la Asamblea enfrentan procesos penales en Ecuador

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Las elecciones generales del 9 de febrero de 2025 en Ecuador han expuesto una preocupante realidad sobre los candidatos a la Asamblea Nacional. De los 2.089 aspirantes, 236 han enfrentado procesos penales desde la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014. Esto representa un 11% del total de postulantes y abarca delitos como estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación de funciones, abuso de confianza, robo de combustible, delincuencia organizada y asesinato, entre otros.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la mayoría de los casos han sido archivados por distintos motivos y pocos han culminado en condenas. Sin embargo, algunos de los procesos activos han sido detenidos debido a la postulación de los candidatos, ya que el Código de la Democracia protege a los aspirantes de ser privados de libertad o procesados penalmente durante el periodo electoral, salvo en casos de delitos flagrantes, sexuales, de violencia de género e intrafamiliar. En caso de resultar electos, estos candidatos obtendrán fuero de corte nacional, lo que podría dificultar aún más su enjuiciamiento.

Además de los problemas legales, hay irregularidades en materia tributaria. Al menos 733 candidatos no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta entre 2017 y 2023, y 153 tienen deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas. Esto refleja una preocupante falta de transparencia y responsabilidad fiscal en un sector de la política que debería garantizar la legalidad y la ética en la administración pública.

Entre los casos más relevantes de aspirantes con procesos judiciales está el de Armando Flor Izaguirre (PID), vinculado al caso Metástasis, acusado de ser testaferro del narcotraficante Leandro Norero. También está Laura Guato Yupanqui (PSC), arrestada en flagrancia por la perforación de un poliducto de Petroecuador, aunque su proceso quedó en suspenso debido a su candidatura. Wilver Arteaga Palacios, exalcalde de Montecristi y candidato por la alianza Camino Manabita, enfrenta un juicio por presunto peculado con un perjuicio al Estado de USD 687.726.

El caso Depuración I, que investiga una red de peculado y enriquecimiento ilícito en varias localidades de Cotopaxi, involucra a los candidatos Pablo Naranjo Cruz y Pablo Albán Roura, ambos del PID. En Morona Santiago, Elvis Nantip Kajekai, acusado de asesinato, logró suspender su audiencia de formulación de cargos debido a su candidatura por la Izquierda Democrática (ID).

Uno de los aspirantes con más denuncias es Dick Borja Quiñónez (RETO), quien acumula 29 procesos, la mayoría por estafa relacionada con el proyecto habitacional Tecnipetrol. Otros candidatos con múltiples casos incluyen a Otto Vera Palacios (19 procesos), José Bolívar Castillo Vivanco (7 procesos) y Jaminton Intriago Alcívar (7 procesos).

El análisis de los datos revela que la Revolución Ciudadana (RC) es la organización política con más candidatos procesados, con 24 en sus filas. Le siguen SUMA con 23, ADN con 20, Amigo con 19, y PSC y RETO con 17 cada uno. En términos geográficos, las provincias con mayor porcentaje de candidatos con procesos penales incluyen Zamora Chinchipe (36%), Pastaza (28%), Santo Domingo de los Tsáchilas (23%), y Manabí con cifras cercanas al 20% en varias de sus circunscripciones.

Este panorama refleja una preocupante crisis ética y legal dentro del sistema político ecuatoriano, en un proceso electoral que ya es considerado histórico por el alto número de candidatos a la Asamblea Nacional.

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