COMISIÓN
Trece organizaciones de la sociedad civil anunciaron este martes la creación de una Comisión Cívica de Control Ciudadano para vigilar de forma independiente el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado, ante las constantes demoras y cuestionamientos al concurso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El grupo está conformado por académicos, abogados, representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales, quienes han sido críticos del manejo del concurso tras la renuncia de Diana Salazar. Su objetivo es emitir alertas, denunciar irregularidades en las candidaturas, y proponer mejoras al proceso.
Entre sus primeras acciones, los miembros de la comisión anunciaron el lanzamiento de una plataforma paralela e independiente al sitio oficial del CPCCS: ojoalafiscalia.org, donde se publicará información detallada del concurso y de los postulantes, accesible a toda la ciudadanía.
La Comisión también cuestiona aspectos claves del reglamento aprobado en septiembre de 2024 —propuesto por el exvocal del CPCCS, Augusto Verduga, actualmente investigado en el caso “Ligados”—.
Uno de los principales reclamos es la exclusión automática de abogados que, en la última década, hayan defendido a sospechosos de delitos como narcotráfico, terrorismo o minería ilegal. “Existen otras vías legales y fiscales para evaluar la idoneidad de un postulante sin limitar el libre ejercicio de la defensa”, señalaron.
Asimismo, expresaron su desacuerdo con los puntajes adicionales por criterios como etnia, edad o lugar de residencia, al considerar que no garantizan necesariamente mayor capacidad técnica o ética para ejercer el cargo./ La Hora
