SENTENCIA
Samantha M. L. fue sentenciada a 19 años de prisión por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad penal en una actividad delictiva que operaba desde un inmueble ubicado cerca de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), donde se incautaron marihuana y otros elementos vinculados durante un allanamiento.

La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía General del Estado presentara pruebas que demostraron de forma clara su responsabilidad penal. La actividad ilícita se desarrollaba en un domicilio ubicado al norte de Riobamba, en las inmediaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
Un operativo clave fue el 3 de octubre de 2024, luego de una fase de investigación y tras obtener la respectiva orden judicial, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron el inmueble de la ahora sentenciada.
Según los reportes oficiales, existían indicios fundados de que en ese lugar se almacenaban y comercializaban sustancias sujetas a fiscalización. Durante el operativo se incautaron 770 gramos de marihuana, una planta de cannabis (con un peso neto de 13 gramos), una balanza digital, un teléfono celular y otros objetos que reforzaron las sospechas.
Samantha M. L. fue aprehendida en delito flagrante y puesta inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales. En la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó una serie de elementos que permitieron demostrar tanto el cometimiento del delito como la autoría de la procesada.
Entre las principales pruebas constaron la autorización judicial para labores de seguimiento y vigilancia, informes policiales investigativos, informe de verificación, pesaje y análisis químico de la sustancia incautada, el reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias encontradas.
De acuerdo con el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en alta escala, se sanciona con una pena privativa de libertad de entre 19 y 22 años. En este caso, el Tribunal impuso la pena mínima establecida por la norma.
El desarrollo de esta actividad delictiva en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) ha generado preocupación entre los moradores del sector, encendiendo las alertas sobre la presencia de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en zonas residenciales y entornos académicos.
La condena impuesta a Samantha M. L. forma parte de la estrategia estatal para combatir de manera frontal el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en el país.
La Fiscalía ha reafirmado su compromiso de hacer cumplir la ley con rigor, particularmente en zonas donde esta actividad representa un riesgo directo para la juventud y la seguridad ciudadana. El fallo emitido por el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo establece un precedente significativo