PROCESOS
Alrededor de 500 ecuatorianos tienen notificación roja de Interpol y de este total 222 son requeridos por otros países. Algunos están en Ecuador sin ser procesados, pero no pueden ser extraditados porque la Constitución lo prohíbe. Cerca de 17 países de América y Europa han solicitado notificación roja de la Policía Internacional (Interpol) para buscar a 222 ecuatorianos, que cometieron delitos en sus territorios.
Los ecuatorianos buscados alrededor del mundo por Interpol han cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas, crímenes contra niños, lavado de dinero, tráfico de armas y explosivos.
Los imputados en otra nación por delitos sexuales contra niños o adolescentes pueden ingresar al país sin ser detenidos de manera inmediata. Esta detención sí ocurre en países con una normativa más exigente, como Colombia. Aquello se debe a que la detención de un ecuatoriano, requerido por otro Estado, pasa por una solicitud posterior de extradición, para llevarlo a ese país y juzgarlo bajo sus leyes. Y en Ecuador, la Constitución prohíbe la extradición.
Consulta popular y extradición
La extradición de ecuatorianos está prohibida, sin importar qué o cuántos delitos cometan, según el artículo 79 de la Carta Magna. Pero el Ejecutivo quiere retirar ese candado constitucional en la próxima consulta popular de febrero de 2023. La enmienda constitucional, que propone el Gobierno a los votantes, es que los ecuatorianos sean extraditables “para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional”. Para Rafael Oyarte, abogado en Derecho Público, que la excepción planteada sea solo para casos del crimen organizado transnacional, “no abre plenamente (la extradición), porque será solo para delitos de tráfico de drogas, de armas, de personas y lavado de capitales”. Es decir, los ecuatorianos requeridos en otros países por violación, robo o asesinato no podrán ser extraditados. Y la mayoría de notificaciones de Interpol se deben justamente a ese tipo de delitos. De los 222 ecuatorianos con notificación roja, el 36% está relacionado por tráfico de drogas, armas, personas y lavado de activos. / Primicias ec
