MINERÍA
De las 179 plantas de procesamiento de material minero, solo 84 tienen permiso ambiental. Hay más irregularidades en El Oro y Azuay.
Pero, solo 84 de estas cuentan con licencias ambientales para funcionar. Las plantas de procesamiento o de beneficio son infraestructuras para procesar el material que se extrae de las minas y convertirlo en metal para comercialización.
Datos del Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica indican que unas 38 plantas de procesamiento minero están en proceso de regularización para obtener permisos ambientales. Es decir, en el país funcionan 57 plantas de tratamiento sin permisos de la autoridad ambiental para procesar material minero. Y esto ocurre pese a que la Ley de Minería prohíbe realizar actividades mineras sin licencia ambiental.
Problemas en el sur
La mayor parte de plantas de beneficio en proceso de regularización ambiental están al sur del país, en Azuay y El Oro. Y es precisamente en estas provincias donde hay más denuncias de minería informal. En Azuay son 13 las plantas en proceso de obtener permisos ambientales y en El Oro son 18 las plantas con el trámite en marcha.
Con este escenario, el Ministerio del Ambiente concentra la mayor parte de sus esfuerzos en inspecciones en tres cantones de estas provincias: Ponce Enríquez (Azuay), Zaruma y Portovelo (El Oro). La Cartera de Ambiente ha realizado inspecciones de control y seguimiento ambiental en 109 plantas de beneficio en los dos cantones de El Oro. Tras los operativos ya ha iniciado nueve procesos administrativos por incumplimiento de normas ambientales. Mientras que en Ponce Enríquez se han realizado 51 inspecciones.
La presidenta de la Cámara Nacional de Minería, María Eulalia Silva, dice que la operación de plantas sin permiso ambiental usadas por la minería ilegal está perjudicando las cuencas hídricas en Ecuador e incluso, genera problemas en Perú. Organizaciones como la Confederación Nacional Agraria de Perú y la Federación de Agricultores de Tumbes han presentado quejas contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Esta denuncia surge por la contaminación en los ríos Puyango-Tumbes, por la actividad minera irregular en El Oro. / Primicias ec
