El Tribunal Penal de Chimborazo dictó el 21 de mayo una sentencia de siete años de prisión en contra de Gabriela G. N., acusada de tráfico ilícito de migrantes. La decisión fue tomada por unanimidad tras comprobarse su responsabilidad en un caso ocurrido en enero de 2023.
Además de la condena, la mujer deberá pagar una reparación económica y disculparse públicamente en un medio impreso. La víctima del delito conoció a la procesada a través de amigos, a quienes había confiado sus problemas económicos. Gabriela le ofreció llevarlo ilegalmente a Estados Unidos, solicitándole un primer pago de 2.500 dólares.
Con la promesa de mejores oportunidades, el denunciante accedió al trato y entregó la suma pactada. Lo que siguió fue un viaje riesgoso e ilegal que terminaría en deportación. El 7 de enero de 2023, el denunciante y otros migrantes partieron desde Riobamba hacia Tulcán.
Desde allí, fueron guiados por pasos fronterizos irregulares hasta México. Durante el trayecto, la ahora sentenciada exigió un segundo pago de 2.400 dólares a un familiar de la víctima. Este valor fue depositado en una cuenta a nombre de un supuesto contacto que los esperaría en territorio mexicano.
Luego de varios días de travesía, los migrantes llegaron a Tapachula, México, donde recibieron visas falsas para continuar su camino hacia Estados Unidos. No obstante, al intentar cruzar la frontera, la víctima fue detenida por autoridades migratorias y deportada a Ecuador. Su sueño de alcanzar una vida mejor terminó en frustración y consecuencias legales para la responsable.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas, incluyendo reportes de la Unidad Nacional de Investigación Contra la Trata de Personas, comprobantes de los depósitos realizados, registros de llamadas, movimientos migratorios y documentos sobre la detención.
También se evidenció que la víctima tuvo que endeudarse para costear los pagos exigidos por los traficantes. El tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de siete a diez años de prisión. Las autoridades recordaron que este tipo de delitos ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas.
