MANIFESTACIONES
Las manifestaciones que comenzaron el 22 de septiembre de 2025 en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel mantienen paralizada gran parte de la Sierra Centro y Norte del país.
Los bloqueos de carreteras han interrumpido el transporte de bienes y servicios estratégicos, lo que hasta la mañana del 26 de septiembre ya provocaba pérdidas superiores a los 30 millones de dólares, según estimaciones preliminares.
En Latacunga, la Cámara de Comercio reporta más de dos millones en pérdidas durante los dos primeros días del paro.
En Ambato, la afectación asciende a cerca de dos millones diarios, mientras en Tulcán, pese a que no hay protestas directas, el cierre de vías en Imbabura ha generado un perjuicio de dos millones por día debido a la detención del comercio binacional y la imposibilidad de movilizar productos agrícolas.
Uno de los sectores más golpeados es la floricultura. Expoflores estima pérdidas de un millón de dólares diarios por la paralización de fincas en Imbabura, Carchi y Pichincha.
Además, denuncian agresiones a trabajadores, robo de celulares y presiones para sumarse al paro. “Esto es terrorismo, exigimos respeto al derecho al trabajo”, alertó la organización.
El sector lácteo también enfrenta un panorama crítico. Productores de Cayambe y Tungurahua han tenido que desechar miles de litros de leche por la falta de acceso a centros de acopio. Según dirigentes, los ganaderos no piden subsidios, sino condiciones para producir y comercializar en paz.
El turismo en Imbabura sufre cancelaciones del 100% en hoteles, restaurantes y bares, justo cuando se desarrollaba la feria Expolagos. Gasolineras de Otavalo e Ibarra permanecen cerradas por amenazas, con pérdidas de hasta 300.000 dólares diarios.
El toque de queda vigente en cinco provincias entre las 22H00 y 05H00 también añade presión, con un perjuicio estimado en 10 millones adicionales.
Aunque las pérdidas aún no se comparan con las del paro de 2022 que superaron los 1.115 millones de dólares, gremios empresariales advierten que la economía actual es más frágil y no resistiría una crisis prolongada.
Mientras tanto, la Conaie ratifica que mantendrá la medida “hasta las últimas consecuencias” si el Gobierno no responde a sus demandas.
