La expansión del entorno digital ha transformado la vida de las personas, incluso en grupos especialmente vulnerables como niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, junto a las oportunidades surgen también riesgos relacionados con la falta de prevención, capacitación y conocimiento.
Ante esta realidad, la academia ecuatoriana plantea la necesidad de educar y sensibilizar a la sociedad para garantizar un uso seguro y responsable de la tecnología.
Desde el Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la docente investigadora Maritza Ochoa lidera un proyecto sobre la aplicación de los derechos digitales en menores de edad, con el objetivo de fortalecer su seguridad y bienestar en el espacio virtual.
Esta iniciativa se enmarca en el trabajo del Grupo de Investigación en Derechos Digitales y Protección de Datos Personales de la universidad, que ha impulsado proyectos de vinculación orientados a la prevención de riesgos y la concienciación sobre la protección de datos.
Entre los principales hallazgos se ha identificado la creciente sobreexposición digital de los menores, fenómeno conocido como sharenting. Se trata de la publicación de imágenes y datos desde edades tempranas por parte de familiares, lo que genera huellas digitales difíciles de borrar y que podrían traer consecuencias legales y sociales en el futuro.
Los riesgos no terminan allí. Estudios como el de ChildFund Ecuador señalan que los menores enfrentan hasta 22 tipos de violencias digitales, entre ellas el ciberacoso, que registró 1.584 denuncias entre 2014 y 2024.
Además, prácticas como el sexting y la difusión no consentida de contenido íntimo representan graves vulneraciones al derecho a la privacidad, con impactos emocionales y legales.
Frente a este panorama, se promueve la implementación de modelos internacionales de intervención, como el español, que incluyen a padres y familias en procesos de sensibilización y educación.
También se subraya el papel de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que reconoce la educación digital como un derecho esencial para combatir el analfabetismo digital.
“Es fundamental que los padres, instituciones y sociedad en general se empoderen y se capaciten para guiar a las nuevas generaciones en el uso responsable de las herramientas digitales”, señaló Ochoa.
