LABORAL
La Corte Constitucional del Ecuador emitió una histórica sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), norma vigente desde junio de 2025, por vulnerar principios como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática.
Esta decisión implica la eliminación de la LOIP, su reglamento y disposiciones conexas. Sin embargo, el fallo no tiene carácter retroactivo en materia laboral, por lo que los 1.244 servidores públicos que fueron despedidos bajo esa norma no recuperarán automáticamente sus puestos.
Según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, las desvinculaciones respondieron a una norma técnica de supresión de puestos (Resolución 032) emitida conforme a la LOIP. Esa norma técnica queda sin efecto por el fallo, pero la supresión de plazas debe ajustarse a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que permanece vigente.
El despido masivo de funcionarios ya ha representado un gasto aproximado de 25 millones de dólares en indemnizaciones para el Estado.
También quedan anuladas otras medidas previstas bajo la LOIP, como evaluaciones semestrales obligatorias para funcionarios públicos, que se paralizan tras la sentencia.
El Gobierno y la bancada de ADN calificaron la decisión como un golpe jurídico contra las políticas de eficiencia administrativa, mientras que el funcionario público despedido solo podrá intentar regresar por vías legales como el contencioso administrativo.
Este fallo marca un punto de inflexión en las reformas del sector público impulsadas bajo este gobierno, pues socava parte del andamiaje normativo con el que pretendía optimizar el aparato estatal.
