SOCIAL
La relatora de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, advirtió este lunes 29 de septiembre sobre “noticias preocupantes” relacionadas con la represión de las protestas pacíficas en Ecuador, convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
La funcionaria instó al Estado a respetar el derecho a la protesta y a no ejercer represalias contra quienes defienden los derechos humanos. El pronunciamiento de Lawlor se suma al del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que durante el fin de semana solicitó al Gobierno ecuatoriano garantizar el debido proceso, la defensa legal y el contacto con familiares de los detenidos en las manifestaciones que se intensifican en la provincia de Imbabura.
En la misma línea, la relatora de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, advirtió sobre una “persecución contra la sociedad civil y los movimientos sociales”. Según Romero, se estarían utilizando disposiciones legales que no cumplen estándares internacionales, además de congelamiento de cuentas, investigaciones bajo cargos fabricados y estigmatización de líderes sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal convocante de las protestas, reiteró que no dará “ni un paso atrás” en su oposición a la medida gubernamental, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La organización responsabilizó al presidente Daniel Noboa de un eventual “caos” social si se mantiene la decisión.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la eliminación del subsidio y descartado cualquier negociación, señalando a los manifestantes de cometer actos de “terrorismo” durante los ocho días de movilización. Líderes indígenas han denunciado la presencia de infiltrados enviados para deslegitimar la protesta.
Cabe recordar que la Conaie ya encabezó las movilizaciones de 2019 y 2022, que obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir la decisión de retirar los subsidios a los combustibles en medio de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La situación mantiene en tensión al país, mientras organismos internacionales vigilan el desarrollo de las protestas y las respuestas estatales. Las declaraciones de Naciones Unidas reafirman la presión internacional sobre el Ejecutivo para garantizar el respeto a los derechos humanos en el contexto de la crisis social.
