POLÍTICA
El Ecuador atraviesa uno de los episodios más tensos en su historia institucional reciente. El enfrentamiento abierto entre el presidente Daniel Noboa Azín y la Corte Constitucional no solo refleja un desacuerdo jurídico sobre la tramitación de leyes, sino que ha derivado en un pulso político que pone a prueba la solidez del Estado de derecho y la independencia de poderes.
En apenas unos meses, la pugna escaló desde demandas judiciales hasta la anulación de leyes clave del Ejecutivo, pasando por movilizaciones masivas en las calles y una creciente presión nacional e internacional.
El conflicto tiene su raíz en la decisión del Ejecutivo de tramitar, por la vía de “urgente en materia económica”, varias iniciativas legislativas que iban más allá de lo fiscal. Entre ellas se encontraban la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, junto a otras normas que incorporaban disposiciones sobre seguridad, cooperación entre instituciones estatales e, incluso, intercambio de datos con operadoras telefónicas.
Ese procedimiento de urgencia permite a la Asamblea aprobar proyectos en un plazo reducido, bajo la premisa de que se trata de asuntos económicos inaplazables. Sin embargo, diversos sectores cuestionaron su uso para materias ajenas al ámbito económico.
Organizaciones sociales, juristas, sindicatos y partidos opositores interpusieron más de 40 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, alegando violación de derechos y abuso del trámite acelerado.
A lo largo de julio y agosto de 2025, la Corte adoptó medidas cautelares sobre algunos artículos de las nuevas leyes, suspendiéndolos mientras analizaba su compatibilidad con la Constitución. Estas decisiones generaron un inmediato rechazo por parte del Gobierno, que acusó al tribunal de frenar la agenda de reformas para enfrentar la crisis de seguridad que golpea al país.
El 26 de septiembre de 2025, el pleno de la Corte emitió la Sentencia No. 51-25-IN/25, que marcó un antes y un después. En el fallo, declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública.
El tribunal argumentó que ambas normas habían sido tramitadas de manera irregular, vulneraban el principio de unidad de materia y, en algunos apartados, contenían disposiciones contrarias a derechos fundamentales.
Con esta decisión, dos de los proyectos más importantes del Ejecutivo quedaron sin efecto, en un golpe directo a la estrategia legislativa de Noboa. El choque entre poderes no se limitó a los tribunales.
En agosto, el presidente Noboa encabezó una marcha multitudinaria en Quito bajo el lema de defensa de la seguridad y la gobernabilidad. En la movilización, algunos carteles señalaban directamente a jueces de la Corte, lo que fue interpretado como un intento de presión política.
La imagen del jefe de Estado al frente de manifestaciones contra el tribunal constitucional generó una fuerte controversia. Mientras sus seguidores lo aplaudieron como un gesto de firmeza, organismos internacionales y defensores de derechos advirtieron sobre un grave precedente: la estigmatización pública de magistrados, cuya independencia resulta esencial en un sistema democrático.
La Ley de Solidaridad Nacional incluía disposiciones sobre contribuciones temporales, gestión de recursos y facultades adicionales al Ejecutivo en situaciones de crisis. Por su parte, la Ley de Integridad Pública abarcaba medidas de control estatal, intercambio de información y cooperación interinstitucional. Con su anulación, los proyectos del Gobierno en materia de seguridad y recaudación sufren un retroceso.
Ministerios, policías y fuerzas armadas deberán ajustar protocolos, y el Ejecutivo se ve obligado a reformular propuestas y presentarlas bajo trámites ordinarios en la Asamblea. Más allá del aspecto legal, el enfrentamiento ha profundizado la polarización política.
El relato oficialista sostiene que el país se enfrenta a una crisis de seguridad que exige respuestas rápidas y contundentes. La oposición y la Corte, en cambio, insisten en que la urgencia no puede justificar la vulneración de la Constitución.
Analistas advierten que la confrontación podría derivar en un círculo de deslegitimación institucional: el Ejecutivo acusando a la Corte de obstrucción, y el tribunal defendiendo su rol como garante de derechos. En ese escenario, la ciudadanía queda atrapada entre la exigencia de seguridad inmediata y la necesidad de preservar la legalidad democrática.
El presidente Noboa enfrenta diversas opciones: reformular proyectos de ley y enviarlos a trámite ordinario, lo que implicaría un mayor debate político en la Asamblea; buscar mecanismos de consulta popular o impulsar un proceso constituyente, cuya viabilidad jurídica dependerá nuevamente del filtro de la Corte Constitucional; o mantener la confrontación política, con el riesgo de profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Mientras tanto, la Corte continuará resolviendo las múltiples demandas pendientes sobre otras normas aprobadas en 2025, y cada decisión podría reavivar la pugna entre ambos poderes.
Revolución Ciudadana fuera de la campaña por la Consulta Popular
El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió el 29 de septiembre el listado de organizaciones políticas y sociales autorizadas para participar en la campaña de la Consulta Popular convocada para el próximo 16 de noviembre de 2025.
En total, 13 agrupaciones recibieron luz verde para hacer campaña a favor del Sí o del No. La sorpresa llegó con la exclusión de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición en el país. El CNE argumentó razones administrativas y legales para negar su inscripción, lo que generó inmediatas reacciones políticas.
La presidenta nacional del movimiento, Luisa González, acusó al organismo electoral de haber “inventado leguleyadas” para impedir la participación de su organización en la campaña. Según González, esta decisión constituye el “inicio del fraude electoral”, y anunció que agotarán todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para revertir la resolución.
La Consulta Popular incluirá dos preguntas clave: Autorizar o no el ingreso de bases militares extranjeras al territorio ecuatoriano y Eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. El proceso de campaña oficial iniciará en las próximas semanas y se extenderá hasta pocos días antes de la jornada electoral.
La exclusión de la Revolución Ciudadana intensifica la confrontación entre la oposición y los organismos de control electoral, en un contexto ya marcado por fuertes tensiones políticas en el país. Para algunos analistas, la decisión del CNE podría alimentar la narrativa de la oposición sobre un proceso viciado, mientras que el oficialismo defiende que se trata de la aplicación estricta de la normativa electoral vigente
