Por: César Montaño Galarza
Hay una seria probabilidad de que el Ecuador se encamine hacia un efectivo nuevo proceso constituyente que deberá aunar tanto la visión política de los líderes de turno como la afinada voluntad popular para autorizar la transición hacia una nueva norma fundamental que coadyuve hacia una realidad más democrática, más dinámica y operativa respecto a las urgencias del país, y para lograr mayor efectividad en atender las expectativas ciudadanas.
Entre las críticas que tanto académicos, juristas y otros diversos actores de la sociedad han esbozado contra la agotada constitución vigente, las más gruesas se refieren a la concentración de poder en el Ejecutivo y a la negación de la independencia judicial, al disfuncional Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por no favorecer el fortalecimiento del sistema de partidos políticos beneficiando más bien el personalismo político, ambigüedad en conceptos como el “Buen Vivir”, el amplísimo reconocimiento de derechos versus la escasa viabilidad fiscal de sostenerlos y hacerlos realidad, el juego de palabras y falacia del sistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), la rigidez constitucional que dificulta los ajustes ante nuevas realidades sociales, económicas y políticas, la ingenua comprensión del sistema internacional.
La orientación progresista de la constitución vigente generó numerosas expectativas en la ciudadanía, expectativas que en la gran mayoría no se han cumplido, sobre todo por falta de voluntad de diferentes actores políticos, pero también por serias limitaciones institucionales. En un apretado resumen, la verdad es que mucho de lo bueno ha quedado en el papel, y mucho de lo malo se ha puesto en práctica menoscabando la democracia y acrecentando el descontento social.
Desde 2008 ha corrido mucha agua bajo el puente, hemos vivido crisis sistémica -política, social, económica, institucional, de seguridad-, y estancamiento permanente, pandemia, cuarta revolución tecnológica. El país necesita un nuevo pacto social escrito en una constitución que, sin retroceder en ciertos avances logrados, determine claras líneas rojas para los poderes de turno, establezca los mecanismos para su cumplimiento irrestricto, como también para la efectiva profundización de la democracia. Si bien las constituciones no cambian mágicamente la vida de la gente, sí pueden establecer la vía para un desarrollo democrático, más ordenado y con equilibrio institucional.
