ECONOMÍA
En medio de un país agitado por movilizaciones y tensiones sociales, el presidente Daniel Noboa anunció una medida que dividió al sector público: el adelanto del pago del décimo tercer sueldo para los servidores estatales, que este año se efectuará el 14 de noviembre en lugar de diciembre.
El Gobierno sostiene que la decisión busca impulsar el consumo interno y dar liquidez anticipada a las familias, aprovechando fechas comerciales como el Black Friday y el Cyber Monday; sin embargo, la disposición ha generado preocupación y rechazo en distintos niveles del aparato estatal, especialmente entre los municipios.
El rechazo más firme provino de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que calificó la disposición como “inviable” para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales, debido a la crítica situación financiera que atraviesan. Según el organismo, el Gobierno Nacional mantiene una deuda de USD 744,98 millones con los municipios del país, de los cuales USD 721,88 millones corresponden al Modelo de Equidad Territorial (MET), el mecanismo que regula las transferencias estatales hacia los gobiernos locales.
La AME advierte que esta mora no es reciente y que muchos municipios acumulan entre tres y cuatro alícuotas impagas, lo que compromete el pago de sueldos, la continuidad de servicios públicos esenciales y la ejecución de obras prioritarias. En algunos casos, los cabildos han debido postergar inversiones, retrasar pagos a proveedores o recurrir a créditos de emergencia para mantener su funcionamiento básico.
A la falta de liquidez se suma la ausencia de un nuevo Acuerdo Ministerial que regule las transferencias correspondientes al período septiembre-diciembre de 2025, lo que según la AME genera incertidumbre sobre los fondos que los municipios recibirán en lo que resta del año. Por ello, la organización exigió al Gobierno “el pago inmediato y completo de los valores adeudados, antes de imponer compromisos financieros adicionales”. “No se puede hablar de responsabilidad fiscal ni de eficiencia administrativa mientras se vulneran los derechos financieros de los municipios y de sus servidores”, señala el comunicado oficial.
El contraste entre la propuesta del Ejecutivo y la realidad económica municipal es notorio. Mientras la deuda con los GAD bordea los USD 744,98 millones, el monto estimado para adelantar el décimo tercer sueldo a todos los servidores públicos supera los USD 776 millones, lo que evidencia que el Estado necesitaría una doble inyección de recursos para cubrir ambas obligaciones sin afectar otros rubros presupuestarios.
No existe hasta ahora una respuesta oficial a las demandas de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ni un plan claro para saldar las deudas estructurales con los gobiernos locales, que superan los 740 millones de dólares. Esta falta de claridad mantiene un ambiente de tensión entre el Gobierno central y los municipios, en un contexto político marcado por protestas indígenas y descontento social.
