PARO
Una nueva pugna se instala en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) frente a las instituciones del Estado. Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, tiene una denuncia penal por terrorismo, instigación pública y asociación ilícita, tras sus declaraciones sobre “tomarse Quito”.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado, fue impulsada por la asambleísta por Chimborazo y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, acompañada del legislador Andrés Castillo, ambos del bloque ADN. Mancheno fue contundente; el país no puede repetir los episodios de 2019 y 2022, cuando las protestas derivaron en violencia, saqueos y destrucción. “No podemos permitir que se incite nuevamente al caos. Las amenazas de tomarse Quito configuran un llamado al desorden que debe ser investigado con urgencia”, afirmó.
La legisladora pidió a la Fiscalía actuar de inmediato, invocando el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de terrorismo. En su solicitud, exigió allanamientos a sedes comunitarias, retención de equipos electrónicos y verificación de cuentas bancarias, con el objetivo de identificar posibles fuentes de financiamiento de las movilizaciones. “No se trata solo de un discurso encendido sino de una posible estructura organizada para desestabilizar al país. Es deber del Estado actuar antes de que se repita la historia” aclaró Mancheno.
La denuncia coincide con un contexto de agitación en distintas provincias. En Chimborazo, cuna del movimiento indígena en la sierra, los reclamos internos fracturaron la estructura de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich). Durante los últimos días, las bases exigieron la renuncia de su presidente, Fernando Guamán, a quien acusan de perder representatividad y de mantener una postura ambigua frente al gobierno y al Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. Los bloqueos en vías como la Riobamba–Cuenca y el acceso a Palmira, Guamote y Chunchi, fueron medidas de un malestar que ya no se dirige solo al poder central, sino hacia sus propios dirigentes. La pérdida de cohesión en las organizaciones indígenas contrasta con la firmeza con que el Gobierno ha actuado en las últimas semanas.
El presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay, para contener los disturbios. La medida impide que las manifestaciones deriven en hechos violentos y restablecer la movilidad interprovincial afectada por los cierres de vías. Noboa ordenó el despliegue conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, recalcando que “no se permitirá que se repitan los secuestros ni las agresiones contra agentes del orden”.
La Fiscalía deberá determinar si las palabras de Vargas constituyen efectivamente una amenaza o si se trata de un acto de retórica política. La estrategia de la confrontación abierta parece agotarse, mientras el bloque oficialista toma acciones para evitar violencia.
El liderazgo de Marlon Vargas está golpeado
El Gobierno tiene un clima de descontento por el incremento del diésel y la concesión de una licencia minera en Quimsacocha, sin embargo esta licencia fue revocada poniendo fin a uno de los puntos álgidos de esta propuesta; a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el gobierno ha mostrado control político y una respuesta más articulada frente a la conflictividad.
Mientras tanto, los liderazgos indígenas se encuentran en disputa interna, sin una narrativa unificada ni una estructura sólida que sostenga las movilizaciones a largo plazo. En ese escenario, la postura de Mishel Mancheno tiene un valor simbólico. Desde su posición en la Asamblea Nacional, la chimboracense representa una voz política que exige responsabilidad a quienes promueven la protesta sin medir sus consecuencias. “El silencio de las autoridades locales, como el alcalde de Quito o la prefecta de Pichincha, también preocupa.
Frente a amenazas graves, el silencio puede interpretarse como complicidad”. La figura de Marlon Vargas se encuentra debilitada. Aunque su discurso intenta revivir la fuerza que la CONAIE tuvo en los paros de 2019, el contexto político es distinto, las comunidades muestran señales de fatiga, las demandas se dispersan y el apoyo ciudadano ha disminuido. Lo que antes fue una estructura de presión, hoy luce dividida por pugnas internas y por el desgaste de un liderazgo que no logra adaptarse a las nuevas realidades del país.
