Luis Izurieta Escudero
Así como una piedra en el zapato torna imposible caminar, los subsidios, más que una simple piedra, se han erigido en una roca (una carga pesada e injusta) que sin aplastar la marcha de la economía, acumula un abultado sacrificio fiscal. Trece años de subsidiar al gas y a las gasolinas, intocados por error y por temor social, económico y político.
Los subsidios son fructíferos cuando tienen un determinado tiempo de duración y están orientados a cumplir un objetivo económico y social específico (redistribuir el ingreso y proteger a los grupos vulnerables). En tratándose del gas y las gasolinas, el subsidio adviene perverso porque se ha perennizado desde el año 2005 y no ha cumplido apropiadamente con el objetivo.
El sacrificio para la caja fiscal es dispendioso porque en los últimos 13 años el Estado ha subsidiado el consumo del gas y de las gasolinas por un monto cercano a los 13 mil millones de dólares. En el año 2018, el subsidio al gas y a las gasolinas será de 710 millones de dólares, sin considerar el subsidio al diésel que bordea los 1000 millones de dólares anuales.
Ha evolucionado injusto y distorsionado porque en lugar de beneficiar estrictamente a los segmentos sociales de bajos ingresos y vulnerables que realmente necesitan, el subsidio evidencia haber favorecido de mejor manera y en mayor grado a la población de altos ingresos, causando un significativo e incesante detrimento a la caja fiscal.
Este prolongado regalo monetario, mansamente entregado a la clase pudiente, vía subsidio durante los últimos 13 años, acumularía fácilmente unos 6 mil millones de dólares, cifra cercana al actual déficit que asfixia el presupuesto del Estado. Al final, el universo de ciudadanos que ha pagado los impuestos son quienes han subsidiado injustamente a la clase pudiente, usufructuaria y derrochadora del precio barato de la gasolina y el gas.
Al fisco le cuesta 12 dólares importar cada cilindro de gas, y al consumidor de hogar un promedio de 2 a 3 dólares, fraguándose el subsidio de 470 millones de dólares anuales. Las gasolinas deparan un subsidio promedio anual de 230 millones de dólares.
Es elemental comprender que quienes perciben ingresos altos están en condiciones de pagar el gas y las gasolinas a precios reales (no subsidiados), ahorrándole al presupuesto cerca de 500 millones de dólares netos al año. El diésel demanda modificar el tradicional subsidio y, simultáneamente, labrar una estrategia de mediano plazo para sustituir las unidades a diésel por eléctricas a fin de ir evaporando la pesada carga fiscal.
Trasquilar ahora el subsidio a las gasolinas excitaría los precios con fuertes impactos sociales, económicos y políticos, cuarteando la débil gobernabilidad. El gas y las cocinas de inducción, con algunas enmiendas, seguirá la ruta trazada por Correa. El error y el temor se conjugan para “mirar y no tocar los subsidios” a pesar de que operan socialmente injustos.
El gobierno está acorralado por el déficit fiscal, la deuda pública y la presión de las cámaras que pretenden implantar el modelo económico con menos Estado, menos impuestos y menos costos laborales. Con seguridad el próximo programa económico no traerá recortes a los subsidios, aunque si retoques al impuesto a la salida de divisas y modalidades de contratación laboral.
