POLÍTICA
En una movida sorprendente en la política ecuatoriana, la vicepresidenta Verónica Abad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusando al presidente Daniel Noboa de violencia política de género. La denuncia, que se hizo pública este lunes, involucra también a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y a la asesora presidencial Diana Jácome.
El conflicto entre Abad y Noboa, que se intensificó tras el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, ha escalado a una batalla legal y política. La relación entre ambos líderes se deterioró notablemente después de asumir el cargo, con Noboa designando a Abad como embajadora de la paz en Israel, una misión que ella ha calificado de “inútil” dada la falta de relevancia de Ecuador en el conflicto israelo-palestino.
Según Abad, esta designación marcó el inicio de una serie de acciones por parte del gobierno que han vulnerado sus derechos y que tienen como objetivo presionarla para que abandone el cargo. La vicepresidenta sostiene que estas acciones buscan evitar que asuma la presidencia en caso de que Noboa se postule para la reelección. La denuncia también menciona un patrón de ataques y campañas de desprestigio contra Abad y su familia, incluyendo la polémica sobre el caso “Nene”, que involucra a su hijo en un presunto escándalo de tráfico de influencias.
El gobierno, por su parte, ha intentado en varias ocasiones apartar a Abad de su puesto para que no pueda asumir el poder en enero, cuando Noboa se ausentará de la presidencia para iniciar su campaña electoral. Los intentos han incluido la rápida designación de Abad a Israel, la detención de su hijo y la denuncia por campaña anticipada presentada por un funcionario público.
El Tribunal Contencioso Electoral, actualmente en crisis por la destitución inesperada de su presidente Fernando Muñoz, tendrá la tarea de evaluar la denuncia que pide la destitución de los funcionarios implicados, así como la suspensión de sus derechos de participación y una multa económica de 32.000 dólares. La denuncia de Abad es un reflejo de la agitación política que enfrenta el país, con profundas implicaciones para el futuro inmediato del gobierno de Noboa y la estabilidad política en Ecuador.
