CASTIGO
El jueves 17 de octubre, un joven acusado de robo fue sometido a la justicia indígena en la comunidad de San Rafael, parroquia Columbe, cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. El incidente tuvo lugar en la localidad de Villa La Unión, Cajabamba, cuando el presunto delincuente fue sorprendido robando la billetera del Lic. J.B., docente de la Unidad Educativa Mariano Borja.
Según los testimonios, el docente se percató del robo y confrontó al individuo, quien reaccionó violentamente, hiriendo a J.B. con un arma blanca. A pesar de las lesiones, que fueron superficiales, el docente logró pedir ayuda. Inmediatamente, una multitud compuesta por colegas, estudiantes y padres de familia acudió en su auxilio, logrando retener al presunto ladrón. La Policía Nacional también intervino, trasladando inicialmente al sospechoso a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Cajabamba.
“Solo unidos podemos vencer esta plaga social”
Comuneros
Ante la insistencia de los comuneros locales, quienes solicitaron la intervención de las autoridades indígenas, el caso fue derivado al sistema de justicia indígena. Este proceso fue respaldado por un acuerdo firmado entre la comunidad y las autoridades policiales, garantizando el respeto de los derechos humanos del acusado, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y las leyes ecuatorianas.
El viernes 18 de octubre, la comunidad de San Rafael Alto convocó una asamblea, con la participación de la organización social “2 de Septiembre”, cabildos y comuneros. Tras deliberar, decidieron aplicar las sanciones correspondientes al sistema de justicia indígena, un mecanismo basado en las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas de la región.
Durante la ceremonia de justicia comunitaria, el joven recibió 10 latigazos, fue sometido a un baño con agua fría y ortiga, y se le prohibió regresar a las zonas donde ocurrieron los hechos. Las autoridades comunales advirtieron que, de reincidir, se aplicarían sanciones más severas.
Este acto de justicia fue presenciado por miembros de la Policía Nacional, dirigentes comunitarios y representantes religiosos, quienes actuaron como testigos del proceso.
La intervención de las autoridades locales, como el teniente político de Columbe, Raúl Guamán, y el apoyo de la Jefatura Política de Colta, fue clave en la coordinación del traslado del caso al sistema de justicia indígena.
El Consejo de Seguridad del cantón Colta también participó en la resolución de este conflicto, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de las comunidades.
SOBRE LA JUSTICIA INDÍGENA
El uso de la justicia indígena en este caso refuerza el rol de las comunidades en la preservación del orden y la paz, destacando la capacidad de estas para gestionar conflictos de manera autónoma dentro del marco legal ecuatoriano. Las autoridades comunitarias enfatizaron la importancia de la colaboración entre los organismos de seguridad y los sistemas de justicia indígena, con el fin de fortalecer estos mecanismos a nivel provincial y nacional. El sistema de justicia indígena, reconocido en la Constitución del Ecuador, permite a las comunidades resolver conflictos basándose en sus costumbres y prácticas ancestrales, siempre en coordinación con las autoridades del sistema judicial ordinario.
