LIBERACIÓN
El 14 de marzo, la ciudad de Ambato vivió una mañana cargada de tensión aproximadamente las 12h25, Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas y figura clave en los escándalos de corrupción “Metástasis” y “Purga”, salió de la cárcel de Ambato.
Pero su liberación no fue como cualquier otra: un operativo de seguridad de dimensiones extraordinarias acompañó cada uno de sus movimientos.
Salazar, que cumplió una condena reducida de 15 meses tras colaborar con la Fiscalía, fue trasladada en una tanqueta militar, escoltada por cuatro camionetas repletas de uniformados, hasta el Comando de Policía de Tungurahua. Allí, un helicóptero de la Policía Nacional la esperaba para llevarla a Quito, con un fuerte resguardo tanto aéreo como terrestre.
Con casco de protección, chaqueta negra y un bolso en mano, Mayra Salazar cruzó la puerta de la prisión. Las calles aledañas se vieron bloqueadas y custodiadas por vehículos blindados y soldados, en un ambiente de alta seguridad que hizo que los residentes del lugar se preguntaran qué estaba ocurriendo.
Desde días antes, la presencia de uniformados y fuerzas militares se había intensificado, dejando claro que algo fuera de lo común se preparaba. El coronel Jofre García, jefe de la Policía de Tungurahua, confirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habían coordinado el operativo con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante todo el proceso.
La liberación de Salazar, que estaba prevista después de haber cumplido una pena reducida por su colaboración con la justicia, reabrió el debate sobre la lucha contra la corrupción en el país. Mientras algunos la ven como una colaboradora valiosa en los casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios, otros consideran que su liberación no es más que una jugada estratégica de un sistema judicial aún marcado por las sombras de la impunidad.
Aunque el destino final de Salazar en Quito aún se mantiene en secreto, su traslado en helicóptero no fue solo un acto administrativo, sino una demostración de los niveles de seguridad que se implementan cuando las figuras clave en los casos de corrupción dejan la prisión.
