POLÍTICA
Los recientes descubrimientos sobre los chats del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Augusto Verduga, han destapado los estrechos lazos entre la ‘liga azul’ y la Revolución Ciudadana (RC), confirmando sus intentos por influir en el control de diversas instituciones públicas.

La Fiscalía General presentó como evidencia una serie de conversaciones que muestran cómo los exconsejeros Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, además de otros miembros vinculados al correísmo, trabajaban en conjunto para posicionar a aliados en puestos clave del Estado.
Según los mensajes obtenidos de la aplicación de mensajería ‘Wire’, Verduga y otros actores políticos como el exministro Andrés Arauz se coordinaban estratégicamente para recuperar espacios de poder. Estos chats evidencian que la ‘liga azul’ organizaba maniobras para colocar personas afines en instituciones como la Superintendencia de Bancos, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura.
Un ejemplo claro de sus intentos fue en enero de 2025, cuando la ‘liga azul’ logró recuperar temporalmente la mayoría en el CPCCS, lo que les permitió revocar la designación de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos, aunque la decisión fue revertida tras considerar las implicaciones jurídicas de la misma. En su lugar, continuaron presionando para obtener el control del TCE mediante una serie de recusaciones a jueces electorales, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos.
Los mensajes también reflejan cómo la Revolución Ciudadana utilizaba su influencia en la Asamblea Nacional para presionar la designación de aliados en el Consejo de la Judicatura y otros cargos clave. Verduga y Arauz discutían tácticas para dilatar el proceso de designación de los vocales del Consejo, incluso sugiriendo el uso de acciones legales como estrategia para retrasar los nombramientos.
Además, las conversaciones revelan la manera en que el correísmo intentaba hacer uso de las instituciones públicas que controlaba para colocar a su gente en posiciones de poder, solicitando puestos en la Defensoría Pública y presionando a figuras como los prefectos de Manabí y Pichincha, Leonardo Orlando y Paola Pabón, respectivamente.
La revelación de estos chats ha puesto en evidencia el uso político de las instituciones del Estado por parte de la Revolución Ciudadana, lo que ha generado controversia y cuestionamientos sobre el alcance de sus influencias en el gobierno actual.
La destitución de la ‘liga azul’ del CPCCS complica aún más las intenciones del correísmo de mantener su control sobre futuras designaciones clave, como las del Consejo de la Judicatura, el Fiscal General y el Consejo Nacional Electoral.
Este caso, conocido como “Ligados”, sigue siendo investigado por la Fiscalía como parte de una presunta asociación ilícita, lo que pone al correísmo y a los exconsejeros en el centro del debate sobre la independencia y transparencia de las instituciones del Estado.