IRREGULARIDADES
El caso “Los Altares” ha puesto en entredicho la institucionalidad del Municipio, tras la vinculación penal del alcalde John Vinueza y del exgerente del Mercado Mayorista, Lenín Fuentes, por presunta asociación ilícita.
La resolución judicial se conoció el pasado domingo 20 de abril de 2025, la Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, Beatriz Arellano, aceptó el pedido de la fiscal provincial, Mayra Moreno, para que se vincule a Vinueza en calidad de investigado dentro de una estructura que, según la Fiscalía, habría operado desde el interior del Municipio para gestionar ilegalmente asignaciones de cupos a taxis rurales, a cambio de pagos económicos.
Aunque las investigaciones aún no arrojan una sentencia definitiva, los indicios recabados por el Ministerio Público tienen testimonios reservados y documentos que apuntarían a un entramado de influencias políticas y favores administrativos que habrían encontrado en el sector del transporte informal una vía de financiamiento paralelo. “Se trata de una red que podría terminar en una sentencia judicial”, advirtió el abogado Javier Velasteguí, presente en la audiencia.
Como parte de las medidas cautelares impuestas, el alcalde Vinueza deberá presentarse semanalmente ante la Corte Provincial de Justicia y tiene prohibido salir del país. El fiscal Moreno había solicitado, además, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), propuesta que fue negada por la presidenta Arellano.
El caso “Los Altares” no es nuevo en los pasillos judiciales, desde enero de este año, la Fiscalía ya procesaba a otros siete funcionarios municipales, entre ellos cuatro concejales, detenidos tras allanamientos simultáneos en Chimborazo y Pichincha.
Esta ampliación del caso refuerza la hipótesis de que se trataría de una estructura articulada, cuya cabeza, ahora, se presume podría estar en el despacho principal del cabildo. El exgerente del Mercado Mayorista, Lenín Fuentes, figura también en este caso, siendo señalado por su rol como presunto operador de las gestiones para el cobro de cupos.
Aunque no se presentó a la audiencia del 20 de abril, se conoció que ha manifestado su disposición de colaborar con la Fiscalía y revelar los mecanismos internos que habrían permitido que este esquema se sostenga.
En los pasillos del Municipio, el silencio se impone, mientras entre bastidores se especula que la separación de Fuentes por parte del alcalde Vinueza, fue una maniobra para marcar distancia en medio de las acusaciones.
El alcalde de Riobamba, se pronunció públicamente este 22 de abril, respecto a su vinculación en la investigación del caso “Los Altares”, aclaró enfáticamente que durante su administración, iniciada en mayo de 2023, no se ha entregado ningún cupo de taxi, ni urbano ni rural.
Además, en octubre de 2024, implementó una moratoria de cinco años para frenar cualquier intento de otorgar nuevos cupos, con el fin de prevenir irregularidades.
No se descarta que la causa pueda escalar a niveles más altos de responsabilidad dentro de la administración municipal.
Periodistas intimidados y agredidos
El proceso judicial también ha derivado en agresiones fuera de la sala de audiencias. Cuatro periodistas locales, entre ellos dos corresponsales de medios televisivos nacionales, denunciaron haber sido violentados por funcionarios municipales, simpatizantes del alcalde mientras realizaban cobertura periodística en las afueras de la Corte Provincial de Justicia.
Los comunicadores reportaron empujones, insultos y la interrupción deliberada de sus transmisiones en vivo, así como la conformación de una “malla humana” con mujeres que sirvieron de escudo para obstruir la labor informativa, además relataron que recibió amenazas previas a la diligencia judicial por difundir en redes sociales información sobre el caso.
Estas intimidaciones, han sido constantes y, en algunos casos, provenientes de números no identificados. Fundamedios calificó los hechos como una grave vulneración a la libertad de prensa y exigió garantías para el ejercicio periodístico en la ciudad.
El impacto del caso “Los Altares” trasciende lo judicial y golpea el ánimo ciudadano. La tradicional celebración del 21 de abril, se desarrolló este año bajo la sombra de un proceso penal en contra de la autoridad municipal.
