REFORMA
En una jornada cargada de simbolismo histórico y reivindicación ciudadana, organizaciones sociales provenientes de distintas provincias del país se concentraron el 22 de abril en Riobamba, ciudad considerada la cuna de la Constitución ecuatoriana, para exigir la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
La movilización se desarrolló en el mismo sector donde en 1830 se firmó la primera Carta Magna del Ecuador. Con pancartas, banderas y consignas, los manifestantes solicitaron al presidente de la República, Daniel Noboa, que cumpla su ofrecimiento de campaña y concrete el llamado a una nueva constituyente.
Durante el acto, los líderes sociales rechazaron de manera contundente la vigencia de la Constitución de 2008, elaborada en Montecristi durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Según los voceros, dicho texto constitucional “está hecho a la medida de intereses políticos” y “ha contribuido a proteger estructuras de corrupción e impunidad”.
La dirigencia social informó que el pasado 25 de marzo presentaron ante la Corte Constitucional una solicitud ciudadana respaldada por firmas, para activar el artículo 444 de la Constitución, el cual permite iniciar un proceso constituyente a través de una iniciativa popular.
Entre los cambios propuestos en una eventual nueva Carta Magna constan: La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reducción de las funciones del Estado a tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la reestructuración del sistema judicial y de seguridad, el fortalecimiento de la libertad de expresión y de religión y la garantía de un sistema meritocrático para el nombramiento de autoridades públicas.
Los manifestantes recordaron que, durante la campaña electoral, el presidente Noboa habría manifestado su intención de impulsar una Asamblea Constituyente con sede en Riobamba. Dicha propuesta fue mencionada en una entrevista del 25 de febrero de 2025, en la que el mandatario expresó que su objetivo es promover una Constitución moderna, “ágil y redactada por personas capacitadas”.
El destino de esta iniciativa está ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá emitir un dictamen de admisibilidad en los próximos días. Mientras tanto, las organizaciones sociales anunciaron que mantendrán su agenda de movilización y socialización en todo el país.
