INVESTIGACIÓN
La minería ilegal avanza de forma alarmante en la Amazonía ecuatoriana, afectando incluso zonas protegidas como el Parque Nacional Sangay y la Cordillera del Cóndor.

Una reciente investigación reveló que grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros operan en al menos 30 focos de minería dentro de áreas protegidas del país, donde extorsionan a quienes ejercen esta actividad ilícita.
Uno de los sectores más impactados es el cantón Palora, en Morona Santiago, cuya mitad del territorio se encuentra dentro del parque. Allí, en las riberas de los ríos Llushín y Chulla Llushín, se identificaron cinco excavadoras trabajando activamente. El área devastada alcanza las 11,2 hectáreas. Estas operaciones están resguardadas por individuos armados, vinculados a estructuras del crimen organizado.
Palora, que antes recibía turistas en sectores como Puerto Tigre, ha visto disminuir esta actividad debido a la presencia de la minería ilegal, que ahora domina la dinámica económica de la zona.
La denuncia más antigua registrada por la Asociación Agropecuaria Amundalo ante la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcom) se remonta a hace dos décadas.
Sin embargo, desde septiembre de 2019 se reporta una intensificación del conflicto. Para agosto de 2024, se habría instalado un campamento minero con al menos diez dragas, operado por entre 20 y 30 personas armadas y de diversas nacionalidades.
Los denunciantes aseguran haber recibido amenazas en las que se advierte que los territorios serían considerados “ancestrales” y que su ocupación contaría con el aval de autoridades locales, en abierta violación a las leyes ambientales.
La situación pone en riesgo no solo la biodiversidad de uno de los parques más importantes del país, sino también la seguridad de las comunidades locales, que enfrentan la presencia de grupos armados y la destrucción de su entorno natural.