DESTITUCIÓN
El juez J.E.A.Z. fue destituido este 20 de mayo por ordenar, de forma irregular, la liberación de personas procesadas en cuatro provincias, entre ellas Chimborazo, donde autorizó la excarcelación de un acusado por homicidio sin tener jurisdicción sobre el caso.
En este marco, se conoció que el servidor sancionado emitió, de forma irregular, boletas de excarcelación en favor de varias personas privadas de la libertad, pese a que estas no se encontraban en la provincia en la que actuaba el juzgador.
Por ello, se determinó que se extralimitó en sus funciones al actuar en los siguientes casos que jurídicamente no le correspondían. Las boletas de excarcelación emitidas por el juez beneficiaron a personas procesadas en distintas provincias por delitos de alta gravedad: en Manabí por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización; en Chimborazo por homicidio; en Pichincha por delincuencia organizada; y en Guayas por comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.
Tras conocer el proceder del juez, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas determinó, el 11 de abril de 2024, que el servidor incurrió en la falta disciplinaria gravísima de error inexcusable, contemplada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
En esa línea, las actuaciones del juzgador sumariado constituyen una grave irregularidad y una vulneración de los principios fundamentales del sistema de justicia, pues los jueces tienen la obligación constitucional de garantizar la tutela efectiva de los derechos, pero también deben respetar el debido proceso, la independencia judicial y la correcta interpretación de la ley.
Las autoridades consideraron que liberar a personas condenadas en diferentes procesos, sin un adecuado estudio y argumentos sólidos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la integridad de las sentencias y la protección de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.
El Consejo de la Judicatura calificó su actuación como una falta gravísima que pone en entredicho la integridad del sistema judicial y la seguridad jurídica en territorios como Riobamba.
