Si bien es en la Costa, específicamente en Guayaquil, Machala, Portoviejo, Santo Domingo y otras capitales de provincia y cantonales de la región Costa, donde las extorsiones han crecido exponencialmente; este fenómeno delincuencial también está presente en otras regiones de la patria. Vale decir nadie se salva de esta pandemia delincuencial. Barrios, poblaciones, negocios, empresas grandes y pequeñas, transporte, médicos, hogares, personas reciben “ofertas de protección”.
Según un estudio del Observatorio del Crimen Organizado, el 32 por ciento de empresas grandes, medianas y pequeñas han estado bajo amenazas de extorsión. Y esto es más alarmante y peligroso cuando la UNE (Unión Nacional de Educadores) del Guayas informó que numerosos profesores de colegios fiscales están siendo víctimas de sus estudiantes. Y, por su parte la Red Nacional de Educadores, institución gremial surgida en la época correísta, da a conocer cifras alarmantes de esta naturaleza: numerosos docentes han pedido cambio para no caer en manos de los extorsionadores.
Esta amenaza y acción de las redes criminales ha impulsado la migración, más allá de las motivaciones económicas. Hay quienes deciden abandonar el país, y sufrir verdaderas odiseas de dolor y a veces de muerte, que caer en manos de extorsionadores porque ven que, pese a que el Gobierno ha emprendido una lucha tenaz contra esta pandemia delincuencial, sienten que es insuficiente, pues de nada sirve, sino se liquidan las estructuras y mecanismo extorsivos y si no se cuenta con una función judicial, fiscales y jueces especializados para viabilizar desde la ley las detenciones de los delitos flagrantes que ejecuta la Policía.
Mientras tanto, el crimen organizado sigue engrosando sus filas, continúa creando una suerte de Estado paralelo con un poder económico inconmensurable que penetra en todos los poros del poder político consolidando su influencia y entronizando el miedo en la población que ve, que de la extorsión delictiva, nadie se salva.
