LEY
El 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos a favor y 46 en contra, la Ley de Solidaridad Nacional. Esta normativa, impulsada con carácter de urgencia por el Ejecutivo, tiene como objetivo abordar de manera integral las profundas consecuencias del conflicto armado interno y la expansión de las economías criminales asociadas a él.
apoyar a las víctimas.
Con un enfoque en la seguridad, la justicia y la reactivación de las zonas más afectadas por la violencia, esta ley propone medidas que están marcando un antes y un después en la estrategia del país para superar el conflicto y sus secuelas.
La Ley de Solidaridad Nacional es un reconocimiento explícito de la magnitud del conflicto armado que ha marcado la historia reciente de Ecuador. A través de esta normativa, el gobierno busca poner fin a las economías paralelas que se han alimentado de la violencia, el narcotráfico y la extorsión, con el objetivo de restablecer la paz social, fortalecer la seguridad, y ofrecer soluciones concretas a quienes han sido víctimas directas del conflicto.
El proyecto, que pasó por un largo proceso de debate, se articula sobre la base de un régimen especial que otorga una serie de facultades al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas. Pero más allá de lo técnico, esta ley se presenta como una promesa de reconstrucción y justicia, tanto para las víctimas como para los sectores productivos más vulnerables.
Uno de los puntos más controvertibles de la ley es el denominado “indulto con efecto diferido”, una medida que permite al presidente suspender la prisión preventiva de policías y militares procesados por hechos ocurridos durante operaciones de seguridad relacionadas con el conflicto armado.
Sin embargo, el indulto solo será aplicable una vez que exista una sentencia definitiva, lo que introduce un elemento de seguridad jurídica al proceso. La modificación del artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es otro de los cambios más significativos.
A partir de la aprobación de esta ley, se establecerán nuevos parámetros para diferenciar la tenencia de drogas para consumo personal de aquellos casos en los que la posesión tenga fines ilícitos. Para ello, se creará una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, que determinará las condiciones exactas para distinguir entre ambas situaciones.
En el ámbito económico, la ley establece un sistema de incentivos para las pequeñas y medianas empresas, agricultores, pescadores, artesanos y emprendedores que se encuentran en zonas afectadas por la violencia.
Esta iniciativa tiene como fin evitar el colapso económico en las regiones más golpeadas por el conflicto y promover la estabilidad social a través de la creación de empleos y la reactivación de los sectores productivos. La ley también ofrece un sistema de apoyo integral a las víctimas del conflicto armado, garantizando acceso prioritario a atención médica física y mental, así como a programas de rehabilitación social y económica.
El Estado se compromete a crear un registro nacional de víctimas, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, y a ofrecer asistencia directa en zonas donde la violencia ha tenido un impacto devastador.
A pesar de que la ley fue aprobada por una mayoría en la Asamblea, la oposición no se hizo esperar. Los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) criticaron la ley, alegando que se trata de un “cheque en blanco” para el gobierno, que otorga un poder desmedido al presidente.
Además, cuestionaron la legalidad de algunas de las reformas, particularmente en lo relacionado con el indulto presidencial y el control sobre las Fuerzas Armadas. Desde la óptica de la bancada oficialista, sin embargo, la ley representa una victoria en la lucha contra el crimen organizado y un paso hacia la justicia para las víctimas.
Para los defensores del proyecto, se trata de un avance necesario en la recuperación del orden y la reactivación económica del país.
Endurecimiento de penas
El endurecimiento de las penas en delitos relacionados con el tráfico de combustibles, es otro de los puntos clave de la Ley de Solidaridad Nacional. A partir de ahora, quienes sean encontrados transportando, almacenando o comercializando hidrocarburos de manera ilegal podrán enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, con una extensión de hasta 13 años en casos de desvío de crudo desde oleoductos.
Este endurecimiento tiene como objetivo frenar una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados. Además, la ley crea nuevos delitos, como la “pertenencia a grupos armados organizados”, que será sancionado con hasta 26 años de cárcel, e introduce reformas que amplían la tipificación de actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y la minería ilegal.
Con la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, Ecuador da un paso firme hacia la reestructuración de su seguridad interna y la reactivación de las zonas afectadas por la violencia. A pesar de las críticas, el proyecto también ofrece una oportunidad para que el país cierre un capítulo doloroso de su historia y mire hacia el futuro con un enfoque renovado en la reconstrucción social y económica.
Sin embargo, el éxito de esta ley dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del gobierno para equilibrar las medidas de seguridad con la protección de los derechos humanos y la justicia social. La Ley de Solidaridad Nacional, en definitiva, será un testimonio de la voluntad del Ecuador para enfrentar sus desafíos más complejos y, al mismo tiempo, para sanar sus heridas más profundas.
