PAÍS
En una rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de Carondelet, la portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, presentó tres importantes anuncios sobre las acciones que emprenderá la administración del presidente Daniel Noboa en materia energética, fiscal y de transparencia institucional. Garantía de energía ante el estiaje.
El primero de los anuncios buscó tranquilizar a la ciudadanía frente a la preocupación por posibles apagones. Jaramillo aseguró que Ecuador no enfrentará cortes eléctricos, ya que se ha consolidado un plan integral para enfrentar el estiaje y fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión.
Este año se integrarán 979.5 megavatios (MW) adicionales al sistema eléctrico nacional, mientras que para 2026 y 2027 se proyecta incorporar 403 MW y 600 MW respectivamente. Uno de los proyectos prioritarios es la central hidroeléctrica Cardenillo, que será ejecutada con inversión privada.
En total, existen 67 proyectos energéticos que representan 1.400 MW de fuentes renovables en proceso de desarrollo.Fiscalización de utilidades empresariales.
El segundo anuncio se centró en el ámbito tributario. El Gobierno implementará un control masivo sobre las utilidades generadas por la compraventa de acciones empresariales, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Jaramillo destacó que esta es una medida sin precedentes en la fiscalización del Impuesto a la Renta Único (IRU), utilizado por grandes contribuyentes. Aunque 300 ciudadanos han declarado voluntariamente cerca de 30 millones de dólares anuales, el Estado ha identificado un universo de hasta 6.000 contribuyentes que podrían estar evadiendo esta obligación. “Vamos tras las prácticas fraudulentas que ocultan el verdadero valor de las acciones”, enfatizó. Nueva figura para frenar la corrupción.
El tercer eje presentado por el Ejecutivo se enfoca en reforzar la transparencia institucional. Para ello, se ha creado la figura de los Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC), quienes serán designados para identificar y reportar posibles actos de corrupción dentro del aparato estatal.
Este proceso arrancó el 2 de junio en 35 entidades públicas priorizadas, bajo el liderazgo de la Secretaría de Integridad Pública. La implementación forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP), cuyo objetivo es fortalecer la ética en la gestión pública, fomentar la rendición de cuentas y prevenir irregularidades administrativas.
Con estos tres anuncios, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad energética, control fiscal riguroso y compromiso con la transparencia, en medio de una etapa marcada por desafíos estructurales y alta demanda ciudadana de resultados concretos.
