Por: Francisco Escandón Guevara
En 1971, el gobierno norteamericano de Richard Nixon impulsó la “guerra contra las drogas”; desde entonces, demócratas y republicanos impusieron su agenda antinarcóticos que provocó la militarización de la seguridad y la extensión del control geopolítico en el planeta.
Para el estado gringo el problema nunca fue la demanda, sino la oferta internacional, por lo que se propuso combatir el narcotráfico cada vez más lejos de sus fronteras, centrando su estrategia en la interdicción del tráfico en otros países.
La medicina fue peor que la enfermedad, el incremento de consumidores estadounidenses y el cerco a los países productores desplazó a las mafias hacia otros territorios huérfanos de control estatal y propensos a la corrupción institucionalizada. La herencia de la guerra fue anunciada por Felipe Calderón en México o Álvaro Uribe en Colombia y, a pesar de multimillonarias inversiones militaristas, el negocio de las drogas sigue multiplicándose.
Hace dos décadas, el Ecuador pasó de ser un país de tránsito a uno de operaciones de los principales carteles internacionales y con ello la violencia e inseguridad se generalizó; pero la respuesta de los cuatro últimos gobiernos siguió las recetas fallidas del imperialismo norteamericano: reformas penales y tributarias, securitismo, militarización y declaratoria de guerra.
El segundo mandato de Noboa está profundizando estos patrones. En menos de un mes, desde la posesión presidencial, se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la reforma constitucional que pretende reinstalar bases militares extranjeras, todo esto con una mayoría oficialista incestuosa de la cual son parte seis de nueve asambleístas de Pachakutik.
Ya no basta con subir el IVA o eliminar subsidios a los combustibles; no son suficientes los estados de excepción, los toques de queda, los contratos millonarios de chalecos truchos o el despilfarro detrás del mercenario Erick Prince. Ahora en nombre de la guerra: legalizaron la violación de la privacidad, dieron paso a allanamientos o detenciones sin órdenes judiciales y a gastos reservados para espiar a cualquier persona, todo bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado.
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Insistir en las recetas de Washington es ignorar medio siglo de fracasos y eternizar las causas estructurales de la violencia. Solo el tiempo será juez de esta necedad oficial.
