JUSTICIA
Lo que debía ser un proceso ejemplar para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia, terminó convertido en un caso de irregularidades administrativas y falta de controles internos. El 19 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).
En su sesión ordinaria No. 054-2025, aprobó el inicio de sumarios disciplinarios contra seis exservidores judiciales que participaron en la organización del fallido concurso de méritos y oposición llevado a cabo en 2024.
Las sanciones responden a una serie de anomalías detectadas por la actual administración del CJ, que en noviembre del año pasado declaró la nulidad total e insanable del proceso, al considerar que las fallas identificadas comprometían su legalidad e integridad.
Los exfuncionarios señalados ocuparon cargos clave dentro del Consejo: entre ellos constan un exdirector general, dos exdirectores nacionales, dos exsubdirectores y varios analistas técnicos. Las observaciones incluyen desde errores en la elaboración de términos de referencia hasta omisiones en el control de contrataciones y uso indebido del portal de compras públicas.
Uno de los puntos críticos fue la contratación de las pruebas de competencias laborales y de honestidad, etapa fundamental del concurso. Según los informes internos, tres funcionarios del área de Talento Humano una exsubdirectora nacional y dos analistas aprobaron informes técnicos y términos de referencia sin tomar en cuenta las especificaciones mínimas requeridas para este tipo de evaluaciones.
Además, realizaron modificaciones en el sistema presupuestario institucional (PAPP-POA) después de que el proceso de contratación ya había sido publicado en el portal oficial del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo cual constituye una alteración irregular del procedimiento.
A su vez, el exdirector nacional administrativo no coordinó el uso adecuado del portal de compras públicas, ni garantizó la publicación de información clave sobre las contrataciones. También omitió brindar asesoría técnica en la elaboración de la documentación preparatoria, ni controló los documentos habilitantes antes de autorizar órdenes de compra o pagos.
En la misma línea, el exsubdirector de Contratación Pública fue señalado por no haber revisado los informes de necesidad ni los términos de referencia, funciones que le correspondían para asegurar la legalidad de los contratos suscritos.
